Regular la Inteligencia Artificial
“Observatorio Ciudadano
Alfredo Sainez
Las innovaciones tecnocientíficas en las últimas tres décadas han impactado en las relaciones de convivencia y comunicación social; así lo confirma la red de redes, internet, que ha propiciado la transición de los leguajes oral y escritural al lenguaje digital en la llamada “Sociedad de la Información y el Conocimiento (SIC)”, que engloba la innovación tecnológica y la transformación social, cultural, económica, política e institucional, principalmente, en las administraciones públicas, como consecuencia del desarrollo de la llamada Cuarta Revolución Industrial (Revolución 4.0) unida a la generalización de la Inteligencia Artificial en diferentes ámbitos de la vida humana, que ha impactado de manera creciente en la gobernanza del Sector Público, como lo refiere la Carta Iberoamericana de Inteligencia Artificial en la Administración Pública. Circunstancia oportuna que nos invita a reflexionar en la conveniencia de la regulación de la IA en este webInap, “Inteligencia Artificial y la Administración Pública. Temas de estudio. Parte II”, que hoy se lleva a cabo en punto de las 18:00 horas, de frente a quienes nos siguen a distancia en las distintas redes sociales.
El vértigo de los acontecimientos transforma aceleradamente las circunstancias e involucra nuevas variables, actores y escenarios complejos, que hay que contemplar oportunamente para evitar que lo prescriptivo o el marco normativo sea desfasado por lo descriptivo y la dinámica de la realidad social. Al respecto, cabe preguntar y reflexionar: ¿cómo vamos en materia de Inteligencia Artificial en México?
De acuerdo con el Reporte de Algoritmos Públicos 2024, elaborado por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), en México, al menos 119 herramientas de Inteligencia Artificial (IA) están siendo utilizadas por gobiernos en los tres niveles: federal, estatal y municipal, así como por los tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Para muestra basta un botón: el Ejecutivo es el mayor usuario de IA con 65 instituciones (33 federales, 28 estatales y 4 municipales). Sin embargo, la “realidad suele ser más terca que nuestros deseos”, es decir, las aplicaciones de la IA existen en diversos ámbitos, nosotros mismos las utilizamos en nuestra vida cotidiana en los electrodomésticos, celulares, tabletas y computadoras, pero no se encuentran reguladas en nuestro país.
La IA se asemeja al Gobierno Abierto en algunos de sus principios aplicables a la administración pública −transparencia, acceso a la información, rendición de cuentas, participación ciudadana, colaboración e innovación tecnológica−; actualmente, 7 con constituciones locales contemplan la figura de Gobierno Abierto, a saber: Baja California (Art. 7, Apartado C); Ciudad de México (Arts. 21; 32, C-n; 33 y 60-1); Guanajuato (Art. 36); Jalisco (Arts. 9, Frac. II; y,11, B-I); Morelos (Art. 19, Frac. XIV); Quintana Roo (Art. 49); y Tamaulipas (Art. 4).
En relación con la denominación de gobierno digital, gobierno electrónico y gobernanza digital solo catorce estados contemplan en sus legislaciones estas figuras, a saber: 9 leyes hacen referencia al gobierno digital (Durango, Puebla, México, Tabasco, Michacán, Nayarit, Querétaro, Chihuahua y Sonora), 3 al gobierno electrónico (Nuevo León, Coahuila y Sinaloa) y 2 a la gobernaza digital (Tlaxcala y Guerrero). Estas dos últimas leyes que aluden a la gobernanza digital establecen como precondición la articulación entre Estado y sociedad civil para mejorar el ejercicio de las competencias gubernamentales, alcanzar cooperación y optimizar los recursos de los involucrados, mediante la implementación de programas, planes, estrategias, modelos de actuación, uniformidad de criterios y plataformas, aplicando y aprovechando los beneficios del uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones.
Durante la coyuntura de la Pandemia (covid-19), para preservar la salud de la comunidad educativa se estableció la “sana distancia”: 20 entidades tenían o modificaron por necesidad sus leyes de educación anteponiendo la modalidad de “educación a distancia” a la educación presencial, a través del uso de las TIC, particularmente internet, a saber: Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Puebla San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.
En este contexto, resulta conveniente reflexionar en la regulación de la IA, a través de una Ley General de Inteligencia Artificial, es decir, una ley marco con visión de Estado, que tome como referencia las recomendaciones sobre la ética de la IA (UNESCO), los principios establecidos en la Carta Iberoamericana de Inteligencia Artificial en la Administración Pública (CLAD), los marcos constitucionales, experiencias comparadas de América-Europa, los sistemas jurídicos y derecho internacional sobre inteligencia artificial. Todo ello, con el propósito de que tanto el gobierno federal como los gobiernos estatales y municipales establezcan políticas y las administraciones públicas en sus distintos niveles se encarguen de llevarlas a cabo en la práctica, a través de sus organismos y dependencias −fundamentalmente, por ser el “brazo ejecutor” de todo gobierno como se dice de manera coloquial−, adoptando y utilizando como herramienta tecnológica, la IA, para mejorar la eficiencia, transparencia y calidad de servicios; sin menoscabo, de hacerle frente a la “brecha digital” promoviendo el acceso a las tecnologías digitales con sistemas abiertos y compartidos, particularmente, de la IA para impulsar la participación ciudadana en la toma de decisiones que permita atender y resolver los problemas más apremiantes de la población de manera más efectiva. Pero, sobre todo, que el “ciudadano de a pie” transite de ser individuo a ser sujeto del conocimiento, diseño y construcción de las políticas públicas prospectivas, predictivas y proactivas para la lograr la transformación digital de nuestro país. Necesitamos crear ciudadanos digitales…ciudadanía digital.
En suma, si bien, IA ha aportado grandes beneficios como lo refiere la Carta Iberoamericana en comento en muchos ámbitos, no se debe soslayar que se corre el riesgo de reproducir prejuicios, discriminación, divisiones y amenazas a los derechos humanos y libertades fundamentales sin ética; como lo ha advertido y planteado la UNESCO en una serie de recomendaciones sobre la ética de la inteligencia artificial, en virtud de que la IA no se encuentra regulada en la legislación nacional y, por ende, no existen evaluaciones de los impactos legislativos ex ante, in itinere y ex post en los distintos ámbitos, con lo cual se presentan áreas de oportunidad para inducir a la regulación de las IAs bajo el supuesto hipotético de mejorar la transparencia, el acceso a la información pública, la rendición de cuentas, la eficiencia y calidad de los servicios en las administraciones públicas que habrá de comprobarse o desecharse mediante la aplicación de una evaluación ex post en los subsiguientes cinco años, de haber entrado en vigor la propuesta de contar con una Ley General de Inteligencia Artificial.
Este es el reto.
No obstante, usted tiene la última palabra.
Alfredo Sainez
*Doctorado en Pedagogía por el Colegio de Estudios de Postgrado del Bajío (CEPOB); Maestría en Innovación y Gestión Pedagógica por el CEPOB; Maestría en Administración Pública por el INAP-México; Maestría en Derecho Parlamentario por la Benemérita Universidad de Oaxaca (BUO); Especialidad en Derecho Parlamentario y Técnica Legislativa por la BUO; Máster en Los Retos del Constitucionalismo en el Siglo XXI en la Universidad de Barcelona; Asesor Experto en Conocimiento, Ciencia y Ciudadanía en la Sociedad de la Información por el Instituto de Formación Continua de la Universidad de Barcelona; Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Catedrático de la División de Derecho, Política y Gobierno de la Universidad de Guanajuato. Correo electrónico: alfredosainez@gmail.com
