Y ahora sigue la consulta popular

Santiago López Acosta

Aún no termina el proceso electoral 2020-2021, todavía se escuchan algunos de sus estertores, y el Instituto Nacional Electoral (INE) tiene que organizar una consulta popular para que los ciudadanos mexicanos acudamos a ella el próximo 1 de agosto.

La Ley Federal de Consulta Popular fue aprobada el 14 de marzo de 2014, haciéndose reformas el 19 de mayo de este año, que intentaron hacerla coincidir con la jornada electoral de este año, hecho que fue impedido por la oposición.

De igual manera, se aprobaron leyes de participación ciudadana en prácticamente todas las entidades federativas, y en algunos de ellas desde mucho antes que la federal, y se han realizado ejercicios en un buen numero, sin que en casi ninguna haya resultado vinculante, aunque si indicativa.

Leyes de esta naturaleza se aplicado en diferentes partes del mundo, y en la mayor parte de los casos, han sido instrumentos de manipulación del electorado para “legitimar” decisiones que los gobernantes en turno han tomado previamente y “necesitan” que “el pueblo”, lo que sea que ello signifique, las “respalde”. Existen evidencias empíricas de cómo han sido usadas por múltiples gobiernos autoritarios y dictatoriales.

Es una pena como se han tergiversado estos mecanismos de participación ciudadana, que de suyo son valiosos para promover e incentivar un mayor involucramiento de la sociedad en la toma decisiones públicas y construir verdaderamente una democracia participativa.

En México, la fracción VIII del artículo 35 de la Constitución y la Ley que comentamos, reglamentaria de la misma, son las bases normativas para su aplicación.

El presidente López Obrador planteo desde su campaña en el 2018 que era necesario enjuiciar a los expresidentes de la Republica, pero una vez en el poder la matizo, diciendo que no era su fuerte la venganza, para finalmente el 15 de septiembre de 2020 activar el procedimiento para que fuera consultada la siguiente pregunta: ¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen y en su caso sancionen la presunta comisión de delitos por parte de Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, antes, durante y después de sus respectivas gestiones?

En términos de la propia ley, correspondió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) calificar la constitucionalidad de la pregunta. Debo decir que el planteamiento hecho es claramente inconstitucional porque es contrario al artículo 35 constitucional al referirse a una restricción de derechos humanos y garantías. Así lo desarrollo y amplio el Ministro ponente, diciendo que era un “concierto de inconstitucionalidades”. Sin embargo, la mayoría (6 de 11) del Pleno de la SCJN decidieron que era constitucional, con argumentos eminentemente políticos, apartándose de su obligación de hacer respetar la Constitución.  Pero al intentar corregir el entuerto modificaron la pregunta, en los siguientes términos:

¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminados a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?

Esta pregunta, que aparecerá en la papeleta del próximo 1 de agosto, arroja a su vez, múltiples preguntas, como las siguientes: ¿cuáles serán esas acciones pertinentes? ¿en qué consistirá el proceso de esclarecimiento? ¿a cuáles decisiones políticas tomadas se refiere? ¿de cuáles años pasados estamos hablando? ¿los actores políticos serán todos, desde la fundación de la Republica en 1824, o cuáles? ¿cuáles son las posibles víctimas y como se determinan?

Esas y otras preguntas no han tenido respuesta para los medianamente informados, imaginemos el galimatías que será para los ciudadanos de a pie con poca o nula información.

El INE es el único facultado para hacer campaña de difusión, la cual deberá ser informada y que promueva la discusión, pero no sabemos cómo resolverá hacer entendible para toda la población esa pregunta que muy pocos pueden explicar de manera más o menos clara. Es necesario para saber qué es lo que se estaría votando. Los partidarios del presidente siguen diciendo que es para enjuiciar a los expresidentes, pero la pregunta ya no dice eso.

Para que sea vinculante la consulta tendrán que votar por lo menos el 40% de lista nominal de electores, esto es 37 millones, 10 millones menos de los que votamos el pasado 6 de junio, lo cual se antoja muy difícil de alcanzar. En el remoto caso de se logrará, tampoco sabemos cuáles serían los efectos y consecuencias de la pretendida vinculación.

Por otra parte, no le dieron al INE, ninguno de los tres poderes, los recursos para llevarla a cabo, y para evitar otro frente de ataque si dijera que no la haría por ese motivo, con los ahorros del proceso electoral en curso se aplicaran 500 millones de pesos, aprobando poco más de 50 mil casillas, que son menos de un tercio de las instaladas en la pasada elección.

Esfuerzo y dinero que se tiraran a la basura, en una consulta insulsa que no tiene sentido, pues la aplicación de la ley y la justicia no son materia de consulta, si alguien se encuentra en los supuestos legales, se denuncia, investiga, juzga y sanciona, en su caso; además de que parece que ya a nadie le interesa, ni al propio presidente.

 

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