Víctimas indirectas de homicidio y feminicidio tendrán derecho a la asistencia y atención

CDMX 2 de diciembre de 2020.- La Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular reformas a diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas, en materia de víctimas indirectas en estado de orfandad por homicidio o feminicidio. 

Las reformas, aprobadas en lo general con 467 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, modifica los artículos 7, 8, 9, 47, 52, 88, 96 y 131 de dicha norma. Se remitió al Senado de la República para sus efectos constitucionales. 

El dictamen establece que las víctimas tendrán derecho a la asistencia y a la atención, las cuales se garantizarán incluyendo siempre un enfoque transversal de género, diferencial y atendiendo al interés superior de la niñez. 

Las entidades federativas en sus registros deberán contar con un padrón permanente y actualizado que incluya niñas, niños y adolescentes en orfandad por homicidio o feminicidio, desagregando la información, por lo menos, en los rubros de edad, sexo, escolaridad y víctima indirecta.

El Registro Nacional de Víctimas deberá contar con un padrón permanente y actualizado que incluya lo anterior. 

Al fundamentar el dictamen, la diputada Rocío Barrera Badillo (Morena), presidenta de la Comisión de Gobernación y Población, indicó que se trata de un proyecto noble y garantista que procura protección a uno de los sectores de la población más desprotegidos y vulnerables por sus propias condiciones, las niñas, niños y adolescentes que por homicidio o feminicidio han quedado en orfandad. 

La finalidad de la reforma, dijo, es garantizar y anteponer el interés superior de la niñez en aquellos casos en que adquieren la calidad de víctima en razón del feminicidio, homicidio de su padre, madre o tutores, buscando hacer efectivo su derecho a la justicia, de conformidad con el mandato constitucional y los compromisos internacionales de los que el Estado es parte. 

Subrayó que al considerarles como víctimas indirectas se reconoce y pone a su alcance mecanismos para hacer efectivo su derecho a la salud, la educación, a la ayuda psicológica y al acceso a los recursos de ayuda federal y estatal, así como a la asistencia de protección reparación integral y, en su caso, a la compensación. 

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