Trabajo conjunto del INE y la UIF para evitar dinero de la delincuencia en los procesos electorales

CDMX 9 de febrero de 2021.- Para prevenir actos u operaciones que pudieran involucrar recursos de procedencia ilícita y/o el uso indebido de recursos públicos en el Proceso Electoral Federal y locales concurrentes 2020-2021, el Instituto Nacional Electoral y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) trabajarán conjuntamente.

Lo anterior quedó asentado durante la firma de dos anexos técnicos relacionados con el convenio de colaboración que al respecto tienen suscrito las dos instituciones.

Durante la firma, el Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova, dijo que nivel nacional las autoridades electorales, fiscalizadoras y financieras construyen un entramado de colaboración para lograr que “las elecciones del 2021 cuenten con los mayores estándares de transparencia, legalidad y rendición de cuentas del dinero que se invierte en la política”.

A 54 días de que inicien las campañas y en medio del proceso de definición interna de candidaturas por parte de los partidos políticos e independientes, estableció que “la democracia mexicana no quiere trampas, ni opacidad en la competencia por el poder político y sí el respeto por la legalidad vigente y el compromiso con la transparencia”.

El convenio de colaboración fue firmado en septiembre de 2019 y ahora se fortalece con los anexos firmados este día.

En ellos se clarifican los mecanismos, contenido y plazos en los que se dará el intercambio de información entre ambas instituciones sobre los sujetos regulados en materia de fiscalización y también sobre aquellos que forman parte de los procedimientos administrativos sancionadores a cargo del INE y del Tribunal Electoral.

Por su parte el titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, dijo que el sistema electoral mexicano tiene fortaleza, pero reconoció que hay riesgos de que la delincuencia organizada introduzca recursos ilícitos en las campañas electorales, particularmente en el ámbito local.

También existe la posibilidad de “peculado electoral en condicionamiento de programas sociales y el riesgo de que empresas fachada sean utilizadas para sustraer recursos del erario e introducirlos a campañas electorales”.

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