¿Todos los empresarios de México le quieren quitar el poder a AMLO?

José Luis Camacho Acevedo.

En México históricamente el gran empresariado nunca ha pretendido obtener el poder político para ejercerlo en forma directa.

Los grandes empresarios nacionales, aún los más proclives a la tendencia política de la ultraderecha, son un grupo de presión hacia los gobiernos de los niveles estatales y federales, y en el de contados municipios del país que tiene sus formas de hacerse sentir, pero jamás lo han realizado planeando un asalto al poder.

En su último número el semanario Proceso publicó otra vez uno más de sus rocambolescos reportajes en el que su reportero Álvaro Delgado elucubraba lo siguiente:  “los patrones de México construyen su propio ‘proyecto de nación de largo plazo’, alternativo al del presidente Andrés Manuel López Obrador, y han comenzado el reclutamiento de miles de ‘líderes’ en el país para que, ante las elecciones intermedias de 2021 y en el futuro, ‘formen parte del trabajo cívico o se integren a la vida política’.

Continúa diciendo Delgado:

“Un ‘aliado estratégico’ del proyecto es el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) que, a través de su Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno, que dirige Alejandro Poiré, secretario de Gobernación de Felipe Calderón, capacitará a los ‘líderes’ que estarán listos para participar políticamente en las elecciones intermedias.

Gustavo de Hoyos apenas unas horas después de conocer la edición de Proceso que contenía el reportaje mencionado, desmintió categóricamente que la Coparmex como institución y él mismo en lo personal, tengan el menor propósito de crear un proyecto de creación de liderazgo para competir con el proyecto de nación de AMLO.

La semana pasada el presidente de México sostuvo reuniones con los hombres de empresa más importantes del país.

Carlos Slim, Alberto Bailleres, Germán Larrea, Lorenzo Servitje, Antonio del Valle, entre otros se reunieron con López Obrador.

Es obvio que, de tener algún viso de credibilidad la especulación de Proceso, no se puede hacer una generalización en el sentido de que el empresariado mexicano en su conjunto participa en un proyecto alternativo de nación al de la 4T.

En su columna de SDP, Verónica Malo Guzmán, razonó de manera harto lógica la verdadera naturaleza de la relación del Tecnológico de Monterrey en una asonada anti AMLO:

“Se ha especulado que Alejandro Poiré —quien no se manda solo— tuvo que haber consultado el mencionado proyecto con el empresario que controla al Tec de Monterrey, José Antonio El Diablo Fernández. No sería la primera vez que este participara en proyectos políticos de derecha y hasta identificados con un partido específico: el PAN.

Ahora bien, está circulando en WhatsApp una especie de aclaración a la información dada a conocer por Proceso. La justificación que da el Tecnológico de Monterrey es que Coparmex es solo un cliente más de la división académica de la Escuela antes mencionada.

¿Ese es el estatus de una poderosa organización empresarial que ha contratado al Tec para capacitar candidatos en tiempos no electorales (eso, además)? Creo que se trata de una decisión que Alejandro Poiré no analizó suficientemente y que ya está teniendo consecuencias.”

Sobran consejeros nacionales y regionales del Tec muy molestos con el tal activismo.

No se trata de consejeros pejistas, pero sí de empresarios sensatos que no ven en el conflicto con el gobierno la solución a los problemas de México. Es gente que valora más la colaboración que el enfrentamiento. 

Uno de estos consejeros, es Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, es el hombre de negocios que más ha hecho, junto con Poncho Romo, por poner en la misma sintonía a AMLO y al sector empresarial mexicano, lo que es fundamental para que se detonen las inversiones que generan los empleos que la nación necesita y, también, la riqueza privada que es la única salida para empezar a sacar de la pobreza a millones de mexicanos.

Más claro ni el agua.

EN TIEMPO REAL

1.- Enrique Ochoa Reza, ex titular de la CFE fue quien aprobó seis de siete contratos leoninos, como lo califica el presidente Andrés Manuel López Obrador para la construcción de los gasoductos, mismos que se encuentran en una etapa de renegociación, porque actualmente se paga hasta ocho veces más de lo que se contrató.

Estas seis obras de infraestructura, que fueron planeadas en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa y ejecutadas en el de Enrique Peña Nieto, tuvieron un costo estimado de 5 mil 800 millones de pesos en 2018, sólo por cargos de disponibilidad y costos de servicio, a pesar de que no estaban terminadas y no transportaban el gas natural que debían proveer a la CFE.

2.- El hermano del exgobernador priista Fernando Toranzo Fernández, el doctor José Martín Toranzo Fernández, ex delegado de la Conafor, a quien el órgano de control interno le encontró graves irregularidades por construir oficinas en el Parque Tangamanga, es ahora aviador del gobierno del Estado de San Luis Potosí.

Así lo aseguró mediante su cuenta de Twitter, el especialista en políticas y finanzas públicas, Roberto Naif Kuri, quien fuera coordinador general de Comunicación Social en el sexenio pasado.

3.- Fue la senadora Nancy de la Sierra del Partido del Trabajo la que presentó un punto de acuerdo para que la Auditoría Superior de la Federación y la Puebla, abrieran las cuentas de la gestión de Rafael Moreno Valle.

El objetivo era que se entregará un informe sobre el uso de los recursos públicos ejercidos en la Cuenta Pública 2016, así como de los fideicomisos privados signados por el exgobernador Moreno Valle.

Lo anterior se llevó a cabo el 21 de noviembre de 2018, casi un mes antes del fatal accidente de Moreno Valle y su esposa, la entonces gobernadora de Puebla, Martha Erika Alonso.

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