Seguridad pública con visión de Estado

Escena del crimen

“Observatorio Ciudadano

Alfredo Sainez

La fundación del Estado −dicen los clásicos− nace para satisfacer las necesidades humanas; la seguridad pública no es la excepción, más aún, porque se ha convertido en la necesidad más apremiante del pueblo mexicano, por encima de la pobreza, la economía y la corrupción; así lo confirma, la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) correspondiente al tercer trimestre de 2025, en donde el 63 % de la población de 18 años y más consideró vivir inseguro en su ciudad, destacando Culiacán Rosales (88.3 %), seguidos de Irapuato (88.2 %), Chilpancingo de los Bravo (86.3%), Ecatepec de Morelos (84.4%) y Cuernavaca (84.2 %), lo cual denota que los municipios continúan siendo el eslabón más débil en materia de inseguridad pública de los tres órdenes de gobierno.

Sin duda, causa dolor en el alma cuando sentimos la necesidad de justicia, de cambiar las cosas, de afrontar con valentía a la delincuencia organizada y, sin embargo, ves quebrantado el sueño y deseos con el asesinato de un alcalde − Carlos Alberto Manzo− que lucho de frente y le apostó al éxito. Pero, sobre todo, causa una justa indignación que debemos reivindicar con acciones que reviertan la tendencia derrotista y cambien la sumisión por la conquista contra la delincuencia organizada. Por ello, resulta loable el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, presentado por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, que constituye una estrategia integral que comprende 12 ejes, a saber:

Seguridad

Desarrollo económico con bienestar

Infraestructura en carreteras, caminos y senderos públicos con inversión pública y mixta

Infraestructura con agua potable, riego y saneamiento con una inversión de mil 630 millones de pesos

Programas para el bienestar

Educación

Salud del IMSS

Vivienda

Educación y formación cultural

Ampliamiento de los centrosLIBRE para las mujeres en los 113 municipios del estado

Jóvenes contra las adicciones

Planes de justicia para pueblos indígenas

Sin embargo, no debemos soslayar que la seguridad pública es uno de los principales fines del Estado y derecho humano, cuya función corresponde al Estado a cargo la federación, las entidades federativas y los municipios; es decir, es una responsabilidad compartida y facultad concurrente para los tres órdenes de gobierno, y particularmente, para los municipios que además de ser una función constituye un servicio público.

El problema de asunto es que la inseguridad pública no es exclusiva de un municipio o entidad federativa. Para muestra basta un botón:

El estado de Guanajuato ocupa el primer lugar nacional en homicidios dolosos y el tercer lugar en delitos de alto impacto en México, según el informe más reciente del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), presentado en noviembre de 2025: Guanajuato encabeza la lista de estados con mayor número de homicidios dolosos, concentrando el 11.1% del total nacional, seguido de los estados de Chihuahua (7.6%) y Baja California (7.3%). Además, durante el primer semestre de 2025, Guanajuato se ubicó en la tercera posición nacional en delitos de alto impacto, con más de 36 mil carpetas de investigación abiertas.

En suma, la inseguridad pública debe observarse con una Visión de Estado. La seguridad pública es una necesidad esencial de la población y razón de Estado que debe atenderse por los “brazos ejecutores” −las administraciones públicas del gobierno federal, de los 32 gobiernos estales y 2478 gobiernos municipales− con Visión de Estado, en virtud del vértigo de los cambios; de los impactos, estabilizaciones y consecuencias de las innovaciones tecnocientíficas que han acelerado la dinámica de la realidad y transformación social, política, económica y cultural que vivimos en el orbe, fundamentalmente, por la globalización que ha modificado las posiciones tradicionales sobre el papel del Estado, en donde la preparación de los educandos y profesionalización de la Administración Pública es crucial para la formulación, implementación, ejecución y supervisión de políticas públicas efectivas y eficientes para dar solución a los problemas y demandas más apremiantes de la población y, de esta manera, cumplir plenamente con la función pública a cargo del gobierno y en representación del Estado, antes de que el destino nos alcance y rebase.

Por lo pronto, se avecina una marcha nacional el próximo 15 de noviembre en memoria del presidente municipal de Uruapan, Michoacán, Carlos Alberto Manzo Rodríguez, quien fue asesinado el pasado 1º de noviembre…  En Paz Descanse.

Alfredo Sainez

*Doctorado en Pedagogía por el Colegio de Estudios de Postgrado del Bajío (CEPOB); Maestría en Innovación y Gestión Pedagógica por el CEPOB; Maestría en Administración Pública por el INAP-México; Maestría en Derecho Parlamentario por la Benemérita Universidad de Oaxaca (BUO); Especialidad en Derecho Parlamentario y Técnica Legislativa por la BUO; Máster en Los Retos del Constitucionalismo en el Siglo XXI en la Universidad de Barcelona; Asesor Experto en Conocimiento, Ciencia y Ciudadanía en la Sociedad de la Información por el Instituto de Formación Continua de la Universidad de Barcelona; Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Catedrático de la División de Derecho, Política y Gobierno de la Universidad de Guanajuato. Correo electrónico: alfredosainez@gmail.com

 

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