Santiago Nieto Castillo, el operador más eficiente

 “El poder tiende a corromper, el poder absoluto corrompe absolutamente.”

LORD Acton, historiador inglés

José Luis Camacho Acevedo

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, se ha convertido por propios méritos, en uno de los principales operadores políticos del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Y los analistas políticos se preguntan: ¿Ser un operador político muy cercano al presidente, operador de primer nivel lo convierte en presidenciable? Varias de las operaciones cumplidas por Santiago Nieto Castillo han tenido un inevitable impacto social y mediático.

Tal parece que el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera propina golpes a los lavadores de dinero y demás delincuentes de cuello blanco con un efecto político indisoluble, y lo hace cuidando que el compromiso presidencial de erradicar la corrupción se vea aterrizado en las operaciones de Nieto Castillo. Nieto Castillo fue un funcionario con valor desde que se decidió a congelar cuentas de la familia del ahora exministro Eduardo Medina Mora.

Se han venido casos como la detención de Alonso Ancira, los socios del abogado Juan Collado Mocelo, etc. La UIF firmó en su momento un convenio para el intercambio de información durante y después del proceso electoral. Nuevamente Nieto Castillo se ve obligado a incidir y participar en el desarrollo de la política en México.

Entre las reformas constitucionales que se han impulsado en el gobierno federal encabezado por Andrés Manuel López Obrador se encuentra la extinción de dominio, además de la creación de la Guardia Nacional y la ampliación del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, considerados como las reformas constitucionales base para llevar a cabo cambios profundos en la sociedad mexicana y que impactarán positivamente en el combate a la corrupción, generando un cambio político relevante.

Uno de los actores centrales en estos cambios compartió con Foro Jurídico su visión del funcionamiento de la extinción de dominio como instrumento para neutralizar a los delincuentes y de cómo deberá aplicarse: el doctor Santiago Nieto Castillo, extitular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) en el periodo de Enrique Peña Nieto; actual titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP); profesor de posgrado en la UNAM y en la Universidad

Panamericana. Además, fue investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM; es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel II. Su más reciente libro es Sin filias ni fobias, memorias de un fiscal incómodo; además es coautor de seis libros especializados en materia electoral y de 60 artículos publicados en diversos medios; también es conferencista nacional e internacional.

En un primer acercamiento de Foro Jurídico con Santiago Nieto Castillo, pudo discernir acerca de las reformas que son necesarias para cumplir los objetivos de este gobierno, el doctor Nieto explica la importancia de la extinción de dominio, la cual a su consideración se debe perfeccionar. En principio, al congelamiento que realiza la Unidad de Inteligencia Financiera, de la que él está a cargo, se debe incorporar a la Ley de Instituciones de Crédito, para no dejar huecos legales, explicó que en estos momentos las disposiciones son de carácter general y son infralegales.

“Soy de la idea de que el congelamiento de cuentas debe tener una consecuencia y cuando no sea reclamado podamos llegar al abandono, es decir, a una figura jurídica distinta al congelamiento. Técnicamente es una lista de personas bloqueadas y cuando se le bloquea la cuenta a alguien, pasa un determinado tiempo y la gente no reclame los bienes entonces se aplique la extinción de
dominio.”

Y Nieto Castillo le declaró, sin dobleces ni retóricas, lo que se menciona a continuación: En cuanto a los retos de la UIF a corto plazo, su titular refiriere que son tres principales: El primero es la creación de las unidades de inteligencia patrimonial económica de las entidades federativas. Explicó que sólo 10 estados cuentan con esa unidad.

En esa materia el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, lo ha planteado como uno de los diez objetivos estratégicos de Seguridad Pública y está relacionado con la conformación de estas áreas; de igual manera, se encuentran el seguimiento a temas de catastro, registro público, registro civil, datos relacionados con vehículos que podrían ser importantes para las investigaciones en temas del combate a las estructuras financieras del crimen organizado.

Concluyó pronunciando una definida profesión de fe política: “Para prevenir, atacar y acotar el lavado de dinero es necesaria una acción conjunta, no sólo con las secretarías de Estado, también con las empresas, la academia, organizaciones de la sociedad civil e incluso los medios de comunicación, para recabar la información necesaria e identificar los riesgos que existen”

García Cabeza de Vaca es un caso político

Cuando ocurrió la tragedia que privó de la vida al matrimonio Moreno Valle, de inmediato en los principales niveles del panismo, se recordó que Ricardo Anaya sabía que existía un pacto político para llegar a la candidatura presidencial en el 2024, entre Francisco Javier García Cabeza de Vaca y Rafael Moreno Valle.

Incluso se llegó a correr un rumor tan perverso como siniestro: García Cabeza de Vaca no era ajeno al accidente sufrido por los Moreno Valle.

El mandatario tamaulipeco ha sido un pertinaz promotor del llamado grupo de gobernadores independientes que tienen como objetivo común el estar en contra de TODO lo que venga del presidente López Obrador.

Independiente de las acusaciones, penales y civiles, que pesan sobre el gobernador fantasma García Cabeza de Vaca, el escenario político es el foro preferido y futurista del tamaulipeco.

El diario español El País presentó una interesante narrativa sobre el caso: “Los teléfonos de los abogados constitucionalistas echan fuego estos días en México. No hay mañana en que no se les pida una opinión, una aclaración, incluso una certeza sobre el caso Cabeza de Vaca. Gobernador de Tamaulipas, figura de la oposición y cargo del Partido Acción Nacional (PAN), Francisco García Cabeza de Vaca se convirtió este miércoles en fugitivo de la justicia federal.

Como quien tira un cohete en una iglesia, un juez ordenó su captura por lavado de dinero y delincuencia organizada, después de una petición de la Fiscalía General de la República (FGR). La pregunta ahora es si efectivamente puede ser detenido, si la protección de que gozan los altos funcionarios, el fuero, todavía le protege y, por supuesto, qué cantidad de interés

Sorprende en todo caso la ofensiva de la fiscalía. En febrero, los investigadores informaron de que habían presentado denuncias contra el gobernador, caso extraordinario en un país donde los gobernadores en activo no suelen enfrentar procesos penales.

Los altos funcionarios gozan de fuero, protección que solo el poder legislativo puede romper. La fiscalía informó entonces a la Cámara de Diputados sobre sus pesquisas, pidiendo el desafuero de Cabeza de Vaca. Con mayoría de Morena y sus aliados, la Cámara votó a favor.

La pelota pasó entonces al tejado del Congreso de Tamaulipas, que decidió rechazar la decisión de la Cámara de Diputados federal. Además, acudió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), máximo tribunal del país, para que hiciera de árbitro.”

La verdad es que el asunto tiene un fuerte aroma a proyecciones político-electorales. Que García Cabeza de Vaca está metido en acciones económicas irregulares de dudosa manufactura, y que sus negocios y propiedades son otro flanco de crítica nos lleva inevitablemente a pensar que estamos nuevamente ante un caso de política y dinero al nuevo estilo.

Las condiciones de que se mantenga la inestabilidad en Tamaulipas, lo que debe hacer el político García de Cabeza de Vaca, es dejar que el Congreso Local accione conforme a derecho.

AMLO contra INE; Córdova ve riesgo de anulaciones

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador le apuesta por ganar la mayoría en la Cámara de Diputados y las estadísticas eso indican, pero aun así podría no obtener la gran mayoría después de la arrasadora elección de 2018.

Ante este escenario y los embates que sufrió Morena y algunos de sus candidatos durante la campaña, ya se prepara el proyecto para una reforma electoral profunda, que establezca una racionalidad en el uso de los recursos públicos para organizar los comicios y someta a los órganos electorales al principio de legalidad.

Esto después de la cancelación del registro de 49 candidatos de Morena a cargos de elección popular: diputados federales, diputados locales, alcaldes y dos para gobernadores en Guerrero y Michoacán.

Para el presidente esto se trata de un asunto estrictamente político, no jurídico, pero una vez que concluya el proceso electoral será inevitable una reforma, que someta al principio de legalidad a los órganos electorales, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, las salas regionales y los tribunales locales en materia electoral.

Además, se tiene que dar paso a la urna electrónica, a mecanismos modernos para poder ejercer el derecho del voto y que éste sea respetado, a pesar de que el mismo Morena impugnó en febrero la decisión del INE de implementar un programa piloto de 100 urnas electrónicas para las elecciones intermedias en el país, que se llevarán a cabo el próximo 6 de junio.

Por su parte, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, subrayó que las amenazas al propio INE, surgidas de la descalificación directa y estridente del proceso electoral desde la máxima tribuna del país, son contrarias a la democracia, mientras que la polarización política, un factor normal en las campañas, se ha visto aderezada por la intolerancia.

Las posiciones políticas de descalificación al árbitro electoral “son parte de la pasión política, pero es muy delicado cuando la pasión política desborda los límites legales”, advirtió.

Miscelánea

1.- El sucesor de Alejandro Díaz de León en Banxico puede salir de la terna que integran Gabriel Yorio, Rogelio de la O y el vicegobernador Esquivel.

2.- ¿De parte de quien o cual es la razón de las declaraciones del secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, sobre el Poder Judicial? Lo anterior después de que consideró que en el combate a las organizaciones criminales que operan en los puertos marítimos del país “parece ser que el enemigo” es el Poder Judicial.

3.- En su edición de este fin de semana, la revista Proceso reveló que si Manuel Bartlett Díaz ingresará a Estados Unidos sería inmediatamente detenido para ser interrogado por el caso del secuestro, tortura y asesinato del agente de la DEA, Enrique “Kiki” Camarena, según funcionarios del Departamento de Justicia estadounidense.

 

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