Sanciona INE presentación de 15 mil firmas de personas fallecidas para apoyar la Revocación de Mandato
CDMX 30 de marzo de 2023.- El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) determinó sancionar a la Asociación Civil “Que Siga la Democracia”, luego de haber entregado información y documentación falsa al Instituto, consistente en 14 mil 940 firmas de personas fallecidas, utilizadas para validar el ejercicio de la Revocación de Mandato.
La ley exigía dos millones 758 mil firmas para activar la Revocación de Mandato, mencionó el Consejero Ciro Murayama, pero “sus impulsores recolectaron sólo un millón 370 mil firmas a través de la App, o sea, les habría faltado más de un millón 200 mil firmas, pero gracias al papel entregaron otras 9 millones 759 mil firmas”, agregó.
La Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores (DERFE) realizó el cotejo y análisis de las firmas recibidas por el INE y, como consecuencia de la detección de firmas irregulares, dio vista a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral (UTCE) para que se diera inicio a la investigación por las firmas de personas fallecidas.
Por lo anterior, se concluye que de los 14 mil 957 apoyos entregados por esa organización objeto del procedimiento, 14 mil 940 fueron bajas por defunción, es decir, se presentó ante el Instituto documentación apócrifa con la finalidad de aumentar de manera dolosa los apoyos de la ciudadanía a la Revocación de Mandato, con lo que se actualiza la infracción prevista en el artículo 447, párrafo uno, inciso c) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Murayama explicó que el proyecto calificaba la falta perpetrada por la Asociación Civil “Que Siga la Democracia” como grave, especial y dolosa; dado que la naturaleza de la conducta implica desde sanciones administrativas hasta posibles delitos de diversa índole, la multa original ascendería hasta los 5 millones 300 mil pesos.
Sin embargo, resaltó Murayama, como la A.C. gozó de una capacidad económica durante los primeros meses de marzo y abril de 2022 de poco más de 840 mil pesos, se sanciona con apenas medio millón de pesos.
El acuerdo contempla, además, otras medidas de restitución tales como la publicación de esta resolución durante un periodo de 30 días naturales, tanto en las redes sociales de la A.C. y de su representante como en su portal electrónico.
Asimismo, se da vista al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI) por el posible uso indebido de datos personales y, al estar ante la posible comisión de diversos delitos como el mal uso del padrón, se notifica a la Fiscalía General de la República (FGR), para que proceda en el ámbito de sus atribuciones.
La Consejera Dania Ravel mostró su acuerdo con la sanción, no obstante, añadió, “la presentación de documentación falsa desafortunadamente no es algo inusual, no es una infracción novedosa que hayamos conocido en este Consejo General, pero en ningún otro caso se han impuesto tales medidas adicionales”.
La Consejera Carla Humphrey aseveró que se demostró que, durante la etapa de captación de firmas realizada del 1 de noviembre al 25 de diciembre de 2021, la citada organización entregó estos 14 mil 940 apoyos ciudadanos relacionados con personas que habían sido dados de baja del padrón por defunción, por ello “no se trató de una ejecución aislada, sino de un conjunto de conductas que evidenciaron una pauta a seguir para llegar a un determinado fin”.
Asociación realizó más infracciones en el proceso de Revocación de Mandato
“Que Siga la Democracia A.C.” no sólo vulneró la norma con las firmas de muertos; entre diciembre de 2021 y abril de 2022, la Comisión de Quejas y Denuncias dictó cuatro medidas cautelares en su contra, primero por tratar de confundir a la ciudadanía utilizando el término de ratificación en lugar de Revocación de Mandato que es lo que ordena la Constitución, y tres más por ordenarle el retiro de al menos 278 anuncios espectaculares, 21 elementos de propaganda adherida en equipamiento urbano, 36 bardas y 11 lonas, así como propaganda colocada en espacios públicos del gobierno que violentaban los principios de norma de neutralidad e imparcialidad.
