Revocación de mandato ¿Elección o encuesta?

Santiago López Acosta

La semana pasada se culminó la etapa en sede legislativa, del procedimiento de aprobación de la Ley Federal de Revocación de Mandato, reglamentaria de la fracción IX del Artículo 35 de la Constitución mexicana. Solo falta que el Ejecutivo la promulgue y publique para que sea vigente.

La legislación aprobada desarrolla lo referido en la Constitución, de reforma publicada el 20 de diciembre de 2019, la cual comentamos en una entrega anterior.

Por la nueva composición de la Cámara de Diputados se dio una discusión muy intensa en ambas cámaras, con todo y que Morena, junto con sus aliados la podían haber aprobado unilateralmente. En ese escenario pesaba en el ambiente la posibilidad de que se presentaran acciones de inconstitucionalidad, lo cual hubiera retrasado su vigencia y efectividad, complicando las expectativas del oficialismo para que se aplique a principios del próximo año. Aun con eso, es un buen inicio de la Legislatura para que se privilegie el diálogo, la búsqueda de acuerdos, preferentemente los consensos, entre los diferentes grupos parlamentarios, prácticas que son propias de todo parlamento democrático. Ojalá que sigan así.

El debate se centró, entre otros, en la redacción de la pregunta, para que fuera efectivamente una que planteara una consulta de revocación de mandato, y no otra cosa, de ratificación de mandato, como pretendían algunos. Quedando como sigue:

¿Estás de acuerdo en que a Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o siga en la Presidencia de la República hasta que termine su periodo?

Las respuestas que aparecerán son:

Que se le revoque el mandato por pérdida de la confianza.

. Que siga en la Presidencia de la República.

El asunto medular en este momento se encuentra en el ámbito de la Cámara de Diputados, con la próxima discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el año próximo, en el cual el Instituto Nacional Electoral (INE) está solicitando más de 3 mil 800 millones de pesos para, en su caso, realizar la revocación de mandato entre marzo o abril de 2022 y organizar una elección en condiciones similares en las que se eligió al presidente de la república en 2018.

No se ha dicho nada del cómo, pero sobre todo de dónde saldrán los recursos para recabar los casi tres millones de firmas de ciudadanos para echar andar el mecanismo y el INE pueda convocar a la consulta. Sin duda que no será una cifra pequeña.

El presupuesto solicitado no es nada menor, para un país con múltiples problemas económicos y de otra naturaleza, en plena pandemia todavía, con crisis económica, social, migratoria y de inseguridad, con catástrofes y tragedias por fenómenos naturales y de imprevisión y atención, los cuales demandan muchos recursos económicos.

Si bien es cierto que el mandato constitucional y muy pronto la ley reglamentaria son normas positivas y vigentes, para el ejercicio de la revocación de mandato a través de una elección como se hace para elegir a nuestros representantes y gobernantes, desde hace más de tres décadas se realizan de manera profesional, seria y responsable encuestas y estudios de opinión, para conocer tendencias políticas y electorales, las cuales, en muchos de los casos, han coincido con los resultados.

Hace varios años que los partidos políticos no realizan elecciones internas, a sus militantes o incluso abierta a los ciudadanos en general, para definir sus candidatos y dirigentes, por los costos, la complejidad logística y los problemas de gobernabilidad que les ha generado. Por esa razón se le dio al INE esa facultad, a petición de los partidos. El único partido que la solicitó fue el PRD en 2014.

Han definido y seguramente lo seguirán haciendo, sus candidatos y dirigentes a través de encuestas y sondeos de opinión, que les han reducido considerablemente los costos económicos, pero sobre todo los políticos y de conflictividad interna.

Los gobernantes en general son medidos y se miden cotidianamente, el grado de aceptación o rechazo, por parte de los ciudadanos, a través de encuestas, además de la principales problemáticas y demandas que tiene la sociedad de que se trate, y son base para las políticas públicas y la toma de decisiones.

Existen en México, desde hace años, varias empresas muy profesionales que realizan encuestas y estudios de opinión con un alto estándar de eficiencia y confiabilidad.

Con esas herramientas, con frecuencia y regularidad se publican resultados de encuestas para evaluar la aceptación y rechazo que tiene la sociedad hacia el presidente de la república, así como las tendencias y su evolución. Por ellas podemos saber que ahora mismo el titular del Ejecutivo Federal tiene un porcentaje de aceptación que fluctúa entre el más o menos 60%.

Desde ahora se realizan ejercicios demoscópicos para saber cómo sería el resultado de la eventual revocación del mandato. Con estos instrumentos, que se considera tienen validez científica, pues tienen el apoyo de diversas disciplinas sociales, exactas y técnicas, se pueden alcanzar los resultados deseados en la consulta, con alto grado de certeza y objetividad.

La pregunta sigue ahí, ¿para qué gastar casi 4 mil millones de pesos en una elección de revocación de mandato, cuando se puede llegar al mismo resultado a través de encuestas, con un costo inmensamente menor?

 

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