Nuevo triunfo de la sociedad civil, organizada y participativa
Santiago López Acosta
Después de las exitosas movilizaciones de la sociedad civil organizada del 13 de noviembre de 2022 (13N) y del 26 de febrero de 2023 (26F) que frenaron la aprobación de reformas constitucionales y el llamado Plan B en materia electoral, ante el Congreso de la Unión y la Suprema Corte de Justicia de la Nación ( esta última pendiente de resolución por su Pleno), respectivamente, que fueron acompañadas por todos los partidos de oposición, nos enteramos hace unos días que todos los coordinadores parlamentarios en la Cámara de Diputados, con excepción de Movimiento Ciudadano (MC) suscribieron una iniciativa de reforma constitucional para acotar atribuciones al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Plantearon reformar el artículo 41 en materia de acciones afirmativas, que solo podrían ser producto de una interpretación literal y no realizarse sino hasta 90 días antes del inicio del proceso electoral y durante éste, también para no intervenir en asuntos internos de los partidos políticos, los cuales tendrían la libertad de acordar sus reglas de selección de dirigencias y la aplicación del principio de paridad y acciones afirmativas en sus candidaturas y órganos internos.
Nueva facultad al Congreso de la Unión en el artículo 73, para legislar de manera exclusiva sobre acciones afirmativas y de paridad, excluyendo a los tribunales electorales, que con sus sentencias aportaron avances muy importantes en la materia.
Acota las atribuciones del Tribunal Electoral en el artículo 99, para resolver controversias que se susciten por normas electorales solamente, excluyendo otras muy importantes que protegen derechos humanos de minorías, que han sido reconocidos por resoluciones de aquel.
En el artículo 105 se asigna a la Corte la facultad de conocer de controversias relacionadas con el régimen interno y decisiones de los órganos de gobierno de las Cámaras del Congreso de la Unión, excluyendo al Tribunal Electoral, que lo ha hecho hasta ahora.
Con el acuerdo de las respectivas dirigencias partidistas, sin parlamento abierto y de manera apresurada la quisieron aprobar, pero en cuatro intentos de la Comisión de Puntos Constitucionales no pudieron ponerla a consideración del Pleno de los diputados.
Lo anterior fue así porque organizaciones de la sociedad civil reaccionaron, presionaron y se manifestaron en contra del contenido y el procesamiento de la iniciativa, sin embargo, abriendo la posibilidad de que se pueda revisar después del proceso electoral de 2024. También abono a frenarla que, al interior de las bancadas, de todos los partidos, grupos de diputadas y senadoras y algunos senadores, se opusieron a tal iniciativa, defendiendo lo alcanzado en materia de paridad, acciones afirmativas y derechos de minorías, históricamente excluidas.
Llamo mucho la atención que el PAN, el PRI y el PRD no repararon en su autoimpuesta moratoria constitucional, de iniciativas provenientes del gobierno y su partido, pero acompañando ésta sigilosamente; así como la fuerte reacción en contra de diputadas y senadoras de Morena, junto con las de otros grupos parlamentarios; por lo que no les alcanzaban los votos para seguir adelante.
No es casual que los próximos días la Sala Superior del Tribunal Electoral resolverá impugnaciones en contra de la prórroga del mandato de los dirigentes nacionales de Morena y del PRI por un año más, después de reformar sus respectivos estatutos, mismas que fueron presentadas por militantes inconformes. Se señala que las propuestas de reforma solo beneficiarían a las actuales dirigencias partidistas.
Desde hace por lo menos dos décadas los dirigentes partidistas y parlamentarios han cuestionado algunas de las resoluciones del Tribunal Electoral, cuando les afecta sus ámbitos internos, diciendo que se involucra indebidamente en su vida interna y en las decisiones de los órganos de gobierno de las Cámaras legislativas. Por supuesto que son revisables esos precedentes, pero el momento y la forma como lo intentaron, han dado prácticamente al traste con las mismas. Es una iniciativa que está muerta, según MC, probablemente sí, en unos días lo sabremos.
Por otra parte, Enrique Quintana público su desconocimiento de “la vocación suicida” de la oposición, después de acompañar las marchas del 13-N y 26-F, coreando “el INE NO SE TOCA” y “el TRIBUNAL NO SE TOCA”, y ahora suscribir esta iniciativa en sentido contrario; aunque el suicidio no se consumó, los deja en una posición muy crítica, dudosa y cuestionable frente a la ciudadanía, que aposto para que sean la vía legal y política del frente opositor.
Ante las enormes dificultades legales, logísticas, operativas y económicas para hacer viables las candidaturas independientes, como ya lo vimos en 2018, no existe otra posibilidad para encauzar la insurgencia ciudadana que ha incursionado de manera protagónica en la escena pública los últimos meses. Ese es ahora, quizá, el principal reto que deberán enfrentar para poder organizar un gran frente amplio que le dé pelea al hasta hoy, según las encuestas, frente oficialista, que encabeza las preferencias. De por si van retrasados en los tiempos para definir los mecanismos para estructurar ese frente, el método o métodos de selección de los candidatos y de múltiples aspectos de organización interna y externa. Los partidos de oposición la complicaron, pero las organizaciones de la sociedad civil tendrán que reaccionar rápido y bien, para evitar que ese nuevo actor político no se disgregue ni se desintegre.
La sociedad civil se movilizó nuevamente, ahora a través de las redes sociales, y por tercera ocasión consecutiva y sucesiva hizo cambiar una decisión política trascendental. Ya sabe el camino y seguirá influyendo en las discusiones fundamentales que vengan. Si alguien no ha visto una sociedad organizada y participativa, ahí está, en este caso conocida como la Marea Rosa.
