México vive la peor crisis de violencia y en 2020 podría ser peor: “Causa en común”

Guanajuato, Gto., diciembre 9 de 2019.- Al término del primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, México atraviesa por la peor crisis de violencia e inseguridad de su historia moderna y todo indica que en 2020 esos problemas se agravarán.

Los asesinatos reportados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), enumeran que a nivel nacional aumentaron un 3 por ciento, al pasar de 31,512 víctimas entre diciembre y octubre de 2018, a 32,565 para el mismo periodo de 2019.

Estudios realizados por la organización civil “Causa en común” revelaron lo anterior.

Asimismo, establecen que “se ha acelerado la militarización del país por las vías legal, presupuestal y operativa, ya que no existe ninguna línea clara que separe a las fuerzas armadas de la guardia nacional.”

Con sede en la ciudad de México, “Causa en común” advierte que la prioridad a la seguridad pública plasmada en el discurso oficial queda desmentida en el presupuesto.

También concluye que la reducción de recursos económicos para la seguridad pública ha traído como consecuencia el debilitamiento de las policías estatales y municipales de todo el país.

El informe presentado por la organización civil se divide en seis partes: incidencia delictiva, militarización de la seguridad pública, debilitamiento de las policías locales, presupuesto para seguridad pública, leyes y derechos, y sistema de atención a víctimas.

En el primero de ellos asienta: “El SESNSP ha registrado un total de 1,848,382 delitos en el periodo diciembre a octubre.

Al compararlo con los primeros once meses de los últimos tres presidentes se observa que, comparado con Vicente Fox, aumentaron un 41%; al compararlo con Felipe Calderón, aumentaron un 27%; y al compararlo con los primeros once meses del sexenio de Enrique Peña, el total de delitos registrados aumentó un 18%.”

Por lo que respecta a la militarización del país afirma que “recae principalmente en la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), que se ha convertido en el eje principal de las políticas de seguridad pública federal, mientras que la Secretaría de Marina (SEMAR), que había sido responsable de operativos exitosos contra el crimen organizado, fue relegada al resguardo de instalaciones portuarias.”

SE DESCONOCE EL NÚMERO  

DE POLICÍAS OPERATIVOS  

Hoy en día se desconoce el número real de policías operativos con los que cuenta el país. “Lo que sí se puede afirmar es que ninguna corporación policial cumple con los requisitos para el desarrollo policial establecidos en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.”

El Índice de Desarrollo Policial (INDEPOL 2018), elaborado por Causa en Común, “muestra que la gran mayoría de los policías no cuenta con las prestaciones mínimas de ley. No existe una verdadera carrera policial en el país. El control de confianza se aplica discrecionalmente. No hay condiciones para una verdadera capacitación. La mayoría de los policías trabaja jornadas laborales de 24 horas o más, y percibe salarios mensuales inferiores a los 15 mil pesos.”

A lo anterior, se añade el desprecio social: 6 de cada 10 mexicanos consideran que la policía estatal es corrupta, y 7 de cada 10 lo consideran de la policía municipal (ENVIPE, 2019).

INSUFICIENTE PRESEPUESTO

PARA SEGURIDAD PÚBLICA

“Causa en común” señala que, por la falta de recursos para seguridad pública, el panorama para el siguiente año es preocupante, ya que, de acuerdo con el Dictamen de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, en 2020 el presupuesto para seguridad pública crecerá 0.7%, y continuaría representando poco menos de 1% del PIB.

“La SEDENA continuará siendo la institución que más recibirá recursos, con más de 94 mil millones de pesos. La Guardia Nacional recibirá cerca de 3 mil millones de pesos para gastos personales, insuficientes para absorber a los 58 mil guardias previstos, con un salario mensual promedio13 de 19 mil pesos.

El fondo de apoyo a estados, el FASP, disminuirá en .1%, y el apoyo a municipios, el FORTASEG, en un 3.5% (recorte adicional al 23% de este año).

MODIFICACIONES LEGALES

CON AFECTACIONES A DERECHOS

En abril, se amplió el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa14; es decir, que permite que el Ministerio Público pueda solicitar, bajo nuevos supuestos y “en automático, que una persona lleve su proceso penal en prisión, sin sentencia condenatoria y sin la necesidad de argumentar ante alguna Unidad de Medida Cautelar. Esta modificación no va acorde con el Sistema de Justicia Penal Acusatorio ni con la presunción de inocencia.”

ES NECESARIO DEFINICIÓN

ÚNICA DE VÍCTIMA

Un tema a considerar es una definición única de “víctima” que no distingue a los delitos y violaciones graves a derechos humanos. Otro problema es que el Sistema está compuesto por múltiples dependencias y poderes de los tres ámbitos de gobierno, lo que lo convierte en un espacio interinstitucional innecesariamente complejo. Tampoco existe un cuerpo de sanciones por el incumplimiento de las obligaciones de las autoridades responsables de atender a las víctimas.

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