Los ayuntamientos prefieren depender de la federación y aumentar impuestos que eficientar su recaudación

Guanajuato, Gto., diciembre 18 de 2019.- Al igual que cada caño, en 2020 el mayor porcentaje del dinero que obtendrán los ayuntamientos para el gasto público municipal lo obtendrán de la federación.

Asimismo, los cuerpos edilicios volvieron a dejar al descubierto que es muy poco o nada lo que hacen para mejorar su recaudación. Prefieren cargarla a los ciudadanos.

Lo anterior quedó de manifiesto al aprobar los diputados locales las últimas 17 iniciativas de leyes de ingresos municipales. Dos de ellas fueron las de León y Celaya.

De los 5,882 millones de pesos que el ayuntamiento leonés recibirá el próximo año, 3,866 millones corresponderán a participaciones, aportaciones, convenios e incentivos derivados de la colaboración fiscal y otros fondos federales.

A Celaya le fue aprobado un presupuesto por 1,668 millones 586 mil pesos, de los cuales

mil millones corresponderán a recursos provenientes de la federación.

Año con año se exige a las autoridades municipales que para no recurrir al aumento de los impuestos y de las tarifas por servicios, eficienticen sus ingresos, sobre todo el correspondientes al predial. Los resultados están a la vista: por ese rubro, en 2020 el ayuntamiento de León recaudará 717 millones; el de Celaya, 266 millones.

Por lo elevado que son, las tarifas de agua potable representan un gasto oneroso para la población. En contrapartida, es muy productivo para los organismos operadores. En 2020 el de León obtendrá 2,339 millones de pesos; el de Celaya, 484 millones.

Otra afectación a la economía ciudadana es el pago por derecho de alumbrado público (DAP), el cual este año es el 10 por ciento con relación al consumo de energía eléctrica. Por mayoría de votos, en 2020 será del 12 por ciento.

“Estamos en contra de que se incremente cualquier contribución sin antes se demuestre su eficiencia por parte de las dependencias encargadas, estamos en contra porque van en perjuicio de la economía de las personas y no hay un compromiso real de las administraciones municipales en el gasto razonable de los recursos”, dijo la diputada María Magdalena Rosales Cruz al hablar en nombre de su grupo parlamentario.

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