La cámara de diputados en el proceso de desafuero quita la inmunidad procesal al gobernador

AL MAESTRO: RODOLFO MARTÍNEZ GALVÁN

Escribe: NICOLÁS MARTÍNEZ CERDA

Para la Carta Magna, tratándose de juicio político, la Cámara de Diputados, ejerce el poder de juzgar, está revestido de una jurisdicción especial.

La Declaración de Procedencia termina con la privación del cargo, y en consecuencia con la inmunidad procesal.

Ahora bien, en el caso del ejecutivo de Tamaulipas, “La declaración de procedencia será para el efecto de que se comunique a las Legislaturas Locales, para que en el ejercicio de sus atribuciones proceda como corresponda”.

Este párrafo se relaciona con el siguiente que dice: “El efecto de la Declaración de que ha lugar o procede contra el inculpado será separado de su cargo en tanto este sujeto a proceso penal (…)”.

En síntesis, para la Constitución conforme el artículo 111, la Cámara de Diputados impone la privación del cargo de gobernador a FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, y esa resolución con la citada norma del Código Supremo es obligatoria por ser inatacable y ninguna otra autoridad, ni el legislador Local de Tamaulipas, incluso ni la Suprema Corte  puede analizar o cuestionar el objeto del desafuero, el maestro JOSE BECERRA BAUTISTA, asegura, expresando su verdad de gran jurista, dice: “ Para la Carta Magna el desafuero es una sentencia emitida soberanamente en virtud de la cual se priva de su puesto a un alto funcionario, inhabilitándolo para obtener otro por el tiempo que determine la Ley” (EL FUERO CONSTITUCIONAL, Página 129, Editorial Jus)

Llama la desatinada opinión de JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, en el periódico El Universal en entrevista con Carlos Marín, realizada recientemente, en donde opino:  “en que el procedimiento de desafuero se comunique a la Legislatura Local para que en ejercicio de sus atribuciones proceda como corresponda” y afirma que “para los servidores Locales prevalece una regla diferente”, basándose en el artículo 28 de Ley de Servidores Públicos, que sostiene que el órgano Legislativo Local  puede decidir qué hacer con sus propias autoridades acusados de la comisión de un delito federal, considerando además que las Legislaturas Locales deben decidir con plena autonomía, si ponen o no a disposición de las autoridades federales a los Servidores Públicos Estatales. Para ello, se consideró en la iniciativa de Reforma del Presidente Miguel de la Madrid, en la que se respetó el pacto federal. Y concluye que “Conforme a la Constitución el titular del ejecutivo de Tamaulipas sigue en sus funciones y goza de la inmunidad procesal propia del cargo”.

La concepción de Cossío es extraña; ni Pedro el cabrero está muy viejo para creer en la mala fe y falacias, por eso siguen oyéndose los gritos de Pedro Calderón de la Barca: “No hay que creer ni en la verdad!”.

El ex ministro parece haber perdido la brújula en su opinión y forzada interpretación La norma del artículo 111 Constitucional, tiene meridiana claridad jurídica, y permite conocer su inteligencia, el verdadero sentido y voluntad del Constituyente que terminantemente ordena que la resolución de la Cámara de Diputados al dictar la Declaratoria de Procedencia es invulnerable, inatacable, pétrea.

No olvidemos lo que dijo el insigne Don JOSÉ MARÍA IGLESIAS: “SOBRE LA CONSTITUCIÓN NADA, SOBRE LA CONSTITUCIÓN NADIE”.

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