Independencia judicial es una condición necesaria, no un privilegio

CDMX 23 de junio de 2021.- El magistrado Ariel Alberto Rojas Caballero, director de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, señaló que la independencia judicial “no es un privilegio de las y los juzgadores”, sino que es la condición necesaria para que los derechos de protección judicial, tutela judicial efectiva y debido proceso, que se encuentran en distintos ordenamientos nacionales e internacionales, puedan tener plena efectividad.

Su exposición la hizo en el Seminario “Autonomía e Independencia Judiciales, División de Poderes y Democracia”, organizado por las diputadas Pilar Ortega Martínez (PAN), Mariana Rodríguez Mier y Terán (PRI), Martha Tagle Martínez (MC), Lorena Villavicencio Ayala (Morena) y Verónica Juárez Piña (PRD).

Magistradas y magistrados abordaron en la penúltima mesa el tema “El Poder Judicial analizado por las y los juzgadores”.  Rojas Caballero afirmó que sin la independencia de las y los juzgadores será imposible garantizar el debido proceso, la tutela judicial efectiva y la protección judicial. Comentó que dos temas ​que preocupan son los relacionados con recoger las facultades del Pleno de la Corte dispersos en varios ordenamientos y el recurso de revisión administrativa ante la Suprema Corte.

Consideró que fue “el peor momento para hacer una reforma judicial” y el treceavo transitorio “es una consecuencia de toda la perversidad, falta de respeto al procedimiento legislativo, a la democracia, al principio de supremacía constitucional y ha puesto en jaque el poco prestigio que pudieran tener las instituciones en nuestro país”.

Independencia judicial, indispensable para proteger derechos

La magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas, Marcia Laura Garza Robles, señaló que es vital entender, difundir y socializar por qué la importancia del Poder Judicial y por qué se debe tener un Poder Judicial autónomo e independiente que abone a dar certeza y estabilidad al Estado de derecho. La independencia judicial es una precondición de la administración de justicia, de ahí su relación con los derechos humanos.

Mencionó que el esquema de división de poderes que reconoce la Constitución exige un equilibrio, a través de un sistema de pesos y contrapesos tendentes a evitar la consolidación de un poder capaz de producir una distorsión en el sistema de competencias y una afectación al principio democrático a los derechos fundamentales o sus garantías.

“Los Poderes de la Unión deben tener garantizada su autonomía en relación con los otros, sin que ello implique desconocer la relación de cooperación que pueda darse entre ellos”.

Hizo un llamado a replantear la importancia que reviste un Poder Judicial y cómo debe ser entendida su autonomía desde la división de poderes hacia las y los juzgadores con reglas previas que se respeten en cuanto a selección, nombramiento, duración en el cargo, remuneración y régimen de responsabilidad. La trascendencia de la reforma al Poder Judicial, dijo, impacta a todo México, por lo que se debe cuidar su autonomía e independencia.

Jueces, principales actores en la protección judicial 

Irma Caudillo Peña, magistrada del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Sexto Circuito, resaltó que las y los jueces son los principales actores para lograr la protección judicial de los derechos humanos, así como el debido proceso que debe observarse cuando el Estado puede establecer una sanción.

Sostuvo que la autonomía y la independencia deben ser privilegiadas, arropadas y protegidas en toda su amplitud; ante ello es necesario que a las y los juzgadores se les dote de protección en cuanto a la defensa por una posible sanción que puede ser de hasta la destitución e inhabilitación.

Admitió que la reforma tiende a hacer más ágil ciertos mecanismos de tutela judicial efectiva, pero en otros temas las reformas se quedaron cortas, aunque consideró que las y los diputados pueden presentar una nueva iniciativa para enriquecerla.

Reforma judicial debe incorporar estándares internacionales

Carolina Isabel Alcalá Valenzuela, magistrada del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, señaló que la reforma judicial debe incorporar los estándares internacionales que se han emitido en documentos de la ONU, ya que visualizan la necesidad de que las sociedades se vayan adecuando a las exigencias que no estaban previstas, pero que modifican el entorno y contexto social en el que se imparte justicia.

Precisó que esta reforma debe ir avanzando conjuntamente con la independencia judicial a nivel de justicia local, toda vez que hay poco personal y recursos. Llamó a garantizar la paridad de género en el Poder Judicial y que no quede solamente en el papel.

Expuso que es importante el empoderamiento de las asociaciones de juzgadoras y juzgadores, pues “tenemos un papel fundamental en la construcción y preservación de la democracia, por ello necesitamos recursos legales, materiales y estructurales que nos permitan seguir construyendo la paz social”.

Imposible, el Estado de derecho sin el Poder Judicial

El magistrado del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito, Daniel Ricardo Flores López, comentó que en los tiempos actuales no puede concebirse un Estado de derecho sin el Poder Judicial, ya que la función que reviste garantiza la división de poderes, porque es el encargado de revisar la constitucionalidad de los actos del poder y salvaguardar el respeto a los derechos humanos.

Enfatizó que la independencia judicial es uno de los pilares de la democracia moderna, toda vez que se erige como el último defensor de la Constitución. Estimó que la independencia judicial debe ser parte de la armadura del juez, además de que es necesario garantizar su autonomía para que pueda resolver con plena libertad.

Resaltó que se requiere de un recurso efectivo con bases perfectamente establecidas, con el fin de tener también garantizada en forma directa “nuestra inamovilidad y duración en el encargo, porque estos dos aspectos son parte de la independencia que todo juzgador debe contener para resolver los conflictos con completa imparcialidad”.

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