Fueron desechados procedimientos sancionadores contra Jorge Espadas y Magdalena Rosales

Guanajuato, Gto., 12 de febrero de 2021.- Por considerarlos infundados, el pleno del Tribunal Estatal Electoral declaró improcedentes sendos procedimientos sancionadores entablados en contra del diputado federal Jorge Espadas Galván y la diputada local María Magdalena Rosales Cruz.

Lo mismo hizo en un juicio para la protección de los derechos político-electorales promovido en contra del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato por un aspirante a candidato independiente.

En otro juicio de esa misma índole, pero interpuesto por Ernesto Prieto Gallardo, le ordena a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena reponer un procedimiento sancionador en su contra.

Por lo que respecta al caso del diputado federal Jorge Galván, fue denunciado por Álvaro Manuel Ornelas Ortiz, representante de Morena, y Oscar Antonio Cabrera Morón, de realizar promoción personalizada, uso indebido de recursos públicos y actos anticipados de precampaña y campaña.

Los denunciantes señalaron en marzo de 2020 Galván Espadas entregó en calles de la ciudad de León artículos de higiene y un decálogo informativo con medidas para hacer frente a la pandemia ocasionada por el COVID-19

El Pleno del Tribunal consideró que dichas conductas no son constitutivas de promoción personalizada ya que fueron realizadas antes de que diera inicio el proceso electoral local 2020-2021 en el Estado y no se desprende una exaltación a su persona.

A la diputada Rosales Cruz la acusó  el PAN de uso indebido de recursos públicos y promoción personalizada.

Los hechos consistieron en la entrega de tanques de gas de uso doméstico, cubrebocas, despensas y chamarras, acompañando trípticos con su imagen y la del presidente de la república en la portada, con los colores alusivos a Morena, todo lo cual lo publicó en su red social Facebook, de ahí que también se estimara vulnerado el interés superior de la niñez, por la aparición de personas menor de edad en las publicaciones.

El Tribunal consideró que no se actualiza la falta consistente en uso indebido de recursos públicos pues no se aportaron pruebas suficientes; tampoco se acreditó la promoción personalizada de la servidora pública denunciada al tratarse de publicaciones realizadas antes al inicio del actual proceso electoral; además, tal propaganda no contiene información que haga referencia al proceso comicial o llamamiento alguno para apoyo o rechazo de alguna opción política.

Sin embargo, se advirtió que se difundieron en Facebook diversas fotografías que muestran el rostro de personas menores de edad, y aunque la diputada pretendió justificarlo con documentos de autorización de personas adultas, éstos no colman las exigencias de los Lineamientos para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en Materia de Propaganda y Mensajes Electorales expedido por el INE, por lo que se hace necesario proteger sus derechos de imagen y otros como parte integrante de la niñez.  

Ante esto último se da vista a la Contraloría Interna del Poder Legislativo y a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, ambas del Estado de Guanajuato.

Por otra parte, Ricardo Castro Torres promovió juicio ciudadano porque en el IEEG no le fueron admitidas las cédulas de respaldo ciudadano para la postulación de su candidatura independiente, recabadas de manera física por él.

Se consideraron infundados  los agravios que invocó el justiciable,puesno hay violación a los principios de legalidad y seguridad jurídica, pues contrario a lo argumentado por el quejoso, sí se le dio respuesta a su solicitud y el acto se encuentra debidamente fundado y motivado; así como que con él no se impusieron requisitos excesivos en razón a que se le reitera el contenido de los acuerdos y lineamientos que rigen el proceso electoral local 2020-2021 respecto del uso de la aplicación móvil implementada por el Instituto Nacional Electoral.

Ernesto Prieto Gallardo expuso la violación a diversos artículos de la Constitución federal por no haber sido llamado a comparecer como parte al proceso intrapartidario, al no habérsele notificado personalmente el inicio de una queja en su contra; además de que nunca se le informó o notificó la resolución impugnada.

Las personas integrantes del Pleno realizaron el estudio preferente de la violación procesal de indebido emplazamiento, pues al resultar fundado, es suficiente para decretar la nulidad de lo actuado y con ello de la resolución materia de impugnación, además de ordenar la reposición del procedimiento, haciendo innecesario el estudio de los demás conceptos de violación.

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