Firme la separación del cargo del gobernador de Tamaulipas, continúa la actuación del Fiscal General de la República o viene la disolución del estado

A la memoria de mis maestros:

José Ramón Palacios Vargas 

y Carlos Francisco Cisneros Ramos, 

quienes viven en mí recuerdo.

La orfandad sobre el tema ha sido pavorosa.

Se ha acabado la generación

de grandes y respetables juristas.

Escribe: NICOLAS MARTINEZ CERDA

La declaración del desafuero del Gobernador del Estado de Tamaulipas, es una sentencia dictada soberanamente por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, como tribunal político.

El Congreso local del Estado de Tamaulipas no tenía, ni tuvo autoridad, por ser incompetente para dictar el desafuero, por lo que dictado éste por la autoridad federal podrá ser detenido y aprehendido, pues ya desaforado, sin la inmunidad procesal, de conformidad con el 111 Constitucional, se notifica al Congreso Local, para no dejar acefalias perjudiciales para el funcionamiento del poder, respetando así la autonomía de la entidad federativa, y el Legislador Local  puede y debe  nombrar gobernador interino. La declaratoria de la Cámara de Diputados es INATACABLE. Este es el motivo fundamental por la Controversia Constitucional 50/2021 interpuesta por el Congreso Local la que fuera “desechada de plano, por notoria y manifiesta improcedencia” por el ministro instructor Juan Luis González Alcántara en el Acuerdo General número 14/2020. No obstante, esta situación legal, el Congreso Local sigue sosteniendo que Francisco García Cabeza de Vaca sigue siendo Gobernador.

Esta determinación contrasta con las Normas Federales y Constitucionales, por lo que precisaré su interpretación del ordenamiento del sistema Constitucional, el cual no puede interpretarse con absoluta libertad, que termine desconociendo o ignorando la aplicación de la Constitución, las Leyes Federales y la jurisprudencia, pues debemos investigar y determinar la voluntad y el pensamiento del Constituyente.

La Constitución organiza los poderes y fija sus competencias y la autoridad que contradice la Ley Suprema, pierde su LEGITIMIDAD y da un virtual golpe de Estado.

Ninguna autoridad puede colocarse encima de la Carta Magna, pues su artículo 40 establece claramente: “Es voluntad del pueblo Mexicano Constituirse en una República representativa, democrática, laica y federal, compuesta por Estados Libres y Soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, y por la Ciudad de México unidos en una federación establecida por los principios de esta Ley Fundamental” además, en su artículo 128 dispone: “Todo funcionario público, sin excepción alguna, antes de tomar posesión de su cargo, prestará la protesta de guardar  la Constitución y las Leyes que de ella emanen”; además el artículo 124 de la Ley Suprema establece las esferas competenciales de la Federación y de las entidades federativas, pues indica: “Las Facultades que no están expresamente concebidas por esta Constitución a los Funcionarios Federales, se entiende reservadas a los Estados o a la Ciudad de México, en los ámbitos de sus respectivas competencias”.  El procedimiento de desafuero de los altos funcionarios, entre ellos el gobernador, corresponde a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, cuya resolución de conformidad con el artículo 111 Constitucional es INATACABLE y ello por tratarse por delitos federales y si se tratase de delitos del fuero común, la competencia sería del Congreso Local. Así pues, la declaratoria del Congreso Local de Tamaulipas es lamentablemente inconstitucional.

Las Constituciones Mexicanas han sido el triunfo de los federalistas, ahora bien, la declaratoria del Congreso Local de Tamaulipas, que declara que el gobernador sigue con fuero, desborda en sus atribuciones e invade la competencia Constitucional de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, constituyendo una usurpación carente de legitimidad.

El gran Juez JOHN MARSHALL de la Suprema Corte Estadounidense, definió el significado de la Supremacía Constitucional: “Que los Estados no pueden de ninguna manera inmiscuirse en el pensamiento del Gobierno Federal” y además subrayó: “Que la acción federal, ya sea en la forma de Ley, tratado o decisión judicial o administrativa, si es por sí misma Constitucional, debe prevalecer sobre la acción estatal que sea compatible con ella.” (Sentencia Mcculloch vs Maryland, 6 de marzo de 1819).

Así pues, cualquier acuerdo o resolución del Congreso Local que contradiga el actual desafuero del gobernador por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión estará afectada de NULIDAD DE PLENO DERECHO.

En conclusión, el Fiscal General de la República, tiene facultades para solicitar la correspondiente orden de aprehensión contra Francisco García Cabeza de Vaca, quien ya no tiene la inmunidad procesal que le otorgó la Constitución Federal, por lo que el Fiscal Federal estaría actuando dentro de su esfera competencial.

En síntesis, “Las Leyes Federales son supremas en su competencia y la de los estados en la suya” así pues ningún gobierno puede ejercer funciones que corresponden a otro, en consecuencia, la declaración del desafuero es un poder que la Constitución concedió a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, y su resolución es INATACABLE y no excede límites de su competencia. Esto es el reinado de la Ley y no de los hombres.

El recurso de RECLAMACION interpuesto por el Fiscalía General de la Republica; para que el Pleno de la Suprema Corte revise la decisión del Ministro Instructor González Alcántara Carranca quien desechó la controversia presentada por el Legislador Local de Tamaulipas, constituye un gigantesco yerro, pues ni el Ministro Instructor, ni el Pleno de la Corte tienen jurisdicción para analizar el fondo de la Controversia Constitucional, pues el desafuero ya fue materia del procedimiento político ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión,  la resolución de declaratoria de procedencia del desafuero de Gobernador de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca, motivo por el cual carece de inmunidad procesal y de esta manera el Fiscal General de la Republica queda facultado para ejercer sus funciones de conformidad con los artículos 21 y 102 Constitucionales, quedando facultado para solicitar la orden de aprehensión.

En síntesis, el desechamiento de la Controversia por el Ministro Instructor de la Suprema Corte, que anteriormente fue un Juez familiar, no obstaculiza las funciones  del Fiscal General de la Republica, ni del Juez del Distrito Competente, como tampoco lo que resuelva el pleno de la Suprema Corte, pues,  el fondo de que si procede o no el desafuero el gobernador es competencia privativa de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y esta autoridad ya determino el DESAFUERO DEL GOBERNADOR, y su resolución  es INATACABLE, de conformidad con el artículo 111 de la Constitución que es la LEY SUPREMA.

ALEXANDER HAMILTON, en el clásico libro El Federalista expuso que la extensión indebida de los poderes son usurpaciones, carentes de legitimidad y así podemos calificar la declaración del Congreso Local del Estado de Tamaulipas al sostener el fuero del gobernador, lo que no está de acuerdo con sus atribuciones Constitucionales.

Finalmente afirmaré, que ninguna autoridad está legitimada para impugnar la declaratoria del desafuero de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión que es INATACABLE, lo que prohíbe interpretar con absoluta libertad en detalles interpretativos, pues si fuera así, las normas constitucionales dejarían de ser el tronco común del todo el sistema jurídico, lo que está pasando en México, es iniciar con  la disolución del Estado, que se inicia cuando las leyes no son obedecidas y cuando los órganos ejecutivos como el FGR y el Juez de Distrito competente, ya no son capaces de hacerlas respetar, pues se está perdiendo el principio de efectividad y continuidad del orden Constitucional.

¿Qué te parece de esto Sancho? dijo Don Quijote- Bien podrán los encantadores quitarme la ventura, pero el esfuerzo y el ánimo será imposible.” (Don Quijote de la Mancha, parte II, capítulo XVII).

Reynosa Tamaulipas, mayo 22 de 2021.

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