El Poder Judicial en la encrucijada

Santiago López Acosta

Hace más de tres meses decíamos que el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea tenía la decisión de frenar la flagrante inconstitucionalidad que se cometió en el Senado de la República, al introducir de manera obscura un artículo transitorio a las reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (LOPJF), mediante la cual se pretende prorrogar el mandato de su presidencia por dos más, mismas que fueron aprobadas por el Congreso de la Unión.

En lugar de revisarse el fondo de la reforma del Poder Judicial Federal, misma que ha sido impugnada mediante el amparo, en partes sustantivas, solo por el Rector de la Escuela Libre de Derecho, la discusión se ha centrado en el polémico transitorio, el cual, como anticipamos, esta controvertido a través de acciones de inconstitucionalidad.

El ministro Zaldívar puso a consideración del Pleno de la SCJN una consulta para revisar el mencionado transitorio, y anunció que se resolvería en el presente mes de agosto, pero la semana pasada, en inusual conferencia de prensa, anunció que él concluirá su mandato de presidente de la SCJN el 31 de diciembre de 2022, y no hasta el último del año del 2024, como pretendió el inefable transitorio. Reivindico que su único compromiso es con la Constitución.

Seguimos desconociendo por qué se esperó tanto tiempo y dejó pasar todo el periplo legislativo, mediático y político, que generó todo tipo de especulaciones y conjeturas, pero celebramos que finalmente se pronunció para evitar ese desfiguro constitucional. Falta todavía que el Pleno de la SCJN resuelva la consulta formulada, pero, sobre todo, las acciones de inconstitucionalidad, para que sea expulsado del orden jurídico ese adefesio legal. Suponemos que será así, no veo otro escenario, al menos que algún ministro(a) no quiera dar otra sorpresa.

La semana pasada también se presentó la crisis en la Sala Superior (SS) del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), luego que cinco de sus siete integrantes destituyeron al presidente de esta, después de una gestión sumamente desaseada en la operación interna y contaminada por las investigaciones sobre el origen y cuestionable patrimonio del presidente Vargas, además de sus posicionamientos y votos muy cercanos al gobierno Federal y su partido, y  las ofensas personales que profirió contra sus colegas contrarios en la SS.

Es cierto que la LOPJF no establece ningún procedimiento de destitución del presidente de la SCJN y del TEPJF, por lo que los disidentes aplicaron principios generales y criterios para realizar la sustitución en la presidencia del tribunal constitucional en materia electoral.

Al momento de escribir estas líneas aún había dos presidentes, el defenestrado José Luis Vargas y el nuevo elegido Reyes Rodríguez, y aunque el ministro Zaldívar se pronunció al respecto, de que la SCJN no tiene ni voto ni veto, sin embargo, recibió a los 5 disidentes y no al magistrado Vargas, además de que conminó a éste a renunciar, pues su presidencia es absolutamente inviable de continuar.

Los próximos días veremos en qué termina esta situación, la cual deberá concluir pronto, ya que el TEPJF tiene múltiples asuntos por atender, como resolver en definitiva los procesos electorales, tanto el federal de la cámara de diputados, como los locales, de diferentes cargos, de todas las entidades federativas.

El Poder Judicial en su conjunto necesita con urgencia un fortalecimiento en su legitimación constitucional, ya que este tipo de situaciones, cuestionamientos y eventuales crisis, abren frentes de ataque, además de los internos, pero sobre todo de agentes externos, los cuales advierten debilidades que no desaprovechan y buscarán continuar minando las estructuras institucionales.

El poder del Estado, responsable de la impartición de justicia y de la defensa de la Constitución tiene que reivindicarse como tal, a través de su actuación y sus resoluciones, marcando claramente su autonomía e independencia de los otros poderes, los formales y los fácticos. En su espacio, cumpliendo puntual y de manera sobresaliente sus responsabilidades constitucionales, y no en el terreno político y mediático, donde lleva todas las de perder.

Como decían los clásicos de la antigüedad: la mujer del César no solo debe ser casta y honesta, sino también parecerlo. Toda proporción y analogía guardada.

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