El ministro Zaldívar tiene la decisión

Tiempo Político

Santiago López Acosta

En los últimos días se ha venido discutiendo ampliamente la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (LOPJF), dentro de los cambios legales para instrumentar las reformas constitucionales recientes del Poder Judicial de la Federación (PJF), propuesta que por cierto presentó del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, y respaldada por el presidente de la República, quien la hizo propia.

Pero la atención no es por la reforma en sí y su reglamentación, sino por el ‘albazo’ legislativo que se dio en el Senado de la Republica, donde un integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) incorporó, sin previo aviso y de manera casi subrepticia, un artículo transitorio para prorrogar la Presidencia de la SCJN y del CJF por 2 años más, así como también para los integrantes del propio CJF; la cual fue aprobada por el partido mayoritario y sus aliados, además de los votos de algunos senadores de la oposición, quienes no se dieron cuenta de lo que estaban aprobando. Los reclamos de la oposición vinieron después de que fue aprobada y el presidente de la Junta de Gobierno solo les pidió que presentaran sus cuestionamientos en la Cámara de Diputados.

El viernes pasado la denominada Cámara Baja aprobó la controvertida reforma con apenas la mayoría suficiente y con el voto en contra de toda la oposición y 16 morenistas. Hasta ese día el ministro Zaldívar hizo público un comunicado, pues se había mantenido al margen desde que se hizo público el hecho, donde menciona lo que el CJF había dicho en el sentido de que esperarían hasta la conclusión del proceso legislativo, además de que la LOPJF prohíbe a los integrantes del PJF manifestarse sobre algún asunto del que muy probablemente conocerá en su función jurisdiccional.

Se ha dicho y publicado de manera muy amplia, que esa reforma es abierta y flagrantemente contraria a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), la cual en su artículo 97 establece que el presidente de la SCJN será electo cada cuatro años y no podrá ser reelecto para el periodo inmediato posterior.

Son múltiples las voces calificadas que se han pronunciado contra ese intento de transgresión de la CPEUM, y para defenderla han sido más bien escasas excepciones, y con argumentos que merecen comentarios más adelante.

Aun y cuando la propuesta fue introducida por un senador del PVEM es evidente que fue acordada en el grupo mayoritario y sus aliados y respaldada por el inquilino de Palacio Nacional, pero sin el conocimiento del ministro Zaldívar, según lo expresado por él mismo.

La aprobación rapidísima del Poder Legislativo, y sin cambios, es una muestra de la sujeción a que se ha sometido el mismo, y la reforma en cuestión implicaría que eventualmente pasaría lo mismo con el Poder Judicial, al otorgarle graciosamente 2 años más al presidente de la SCJN y a los integrantes del CJF, el cual es el órgano de gobierno encargado de la designación, adscripción, ratificación y remoción de magistrados y jueces, algunos de éstos, tan vilipendiados por el presidente de la República, por otorgar suspensiones contra actos de su gobierno y de leyes que ha impulsado, al considerar los juzgadores que violentan la CPEUM.

En la débil defensa de esta reforma, se dicen argumentos de hace más de seis siglos, prácticamente desde del derecho natural, antes de que se constituyera el Estado, como institución política por excelencia, de la división de poderes, del parlamento, de los derechos de las personas y de los ciudadanos y de las instituciones para defender esos y otros derechos, y del concepto fundamental del Estado de Derecho, entre otros. Se dijo que se debe escoger entre el derecho y la justicia, y que al aprobar y apoyar esta reforma se estaría optando por la justicia, en detrimento del derecho. Nos están diciendo que se puede despreciar la Constitución y las leyes, que conforman de manera fundamental el Derecho, además de otras importantes fuentes, en aras de la justicia. Pero no nos dicen que es para ellos la Justicia. En el Estado moderno, contemporáneo, que es Constitucional, Democrático y de Derecho, la justicia necesariamente se tiene que sustentar en el Derecho, pues de otra forma, estaríamos hablando de otro modelo de Estado, que no sería democrático.

Es una reforma que evidentemente no tiene defensa, y que se ha materializado por los números que tiene el gobierno y su partido en el Congreso de la Unión, pero inevitablemente caerá en el espacio de la SCJN, una vez que se presenten las Acciones de Inconstitucionalidad, las Controversias Constitucionales o ambas, para determinar si la misma es constitucional o no.

El Ministro Zaldívar la pudo haber parado desde que se presentó, advirtiendo que no podría ser recipiendario de un cambio inconstitucional, pero decidió esperar a que se concluyera el trámite legislativo. Ahora, en principio está dejando en manos de sus pares, los 10 ministro(a)s restantes, la decisión, pues él tendría que excusarse de participar en el caso, por estar involucrado personalmente.

Se está especulando cómo podrían votar los 10 integrantes de la SCJN, cuando se requieren por lo menos 8 votos para declarar la inconstitucionalidad, destacando que 3 de ellos han sido propuestos por el actual titular del Ejecutivo Federal y que por ello respaldarían la propuesta aprobada por el Legislativo.

Sin embargo, existe el precedente del Caso Bonilla, cuando el gobernador de Baja California pretendía prorrogar el mandato para el cual fue electo, de 2 a 5 años, lo cual fue rechazado en forma unánime por los 11 ministros de la SCJN; lo cual nos da una luz de esperanza de reivindicación de la propia SCJN. Es un escenario que tal vez espera el ministro Zaldívar.

Sigue siendo un enigma la posición que asumirá el ministro Zaldívar, pues la ha dejado hasta el último momento de este penoso trance, cuyo desenlace podría ser desastroso para casi todos, para la República democrática que nos ha costado tanto construir, pero también para él mismo, pues lo dejaría marcado de por vida, después de ser un constitucionalista destacado y con mucho prestigio, pues pasaría a ser una simple comparsa de un régimen que no respeta la Constitución y la ley; o bien, hacer relucir la prestancia del jurista reconocido que es, y salga en defensa de la Constitución.

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