El caso Ayotzinapa como el juego de Juan Pirulero: 8 años sin respuestas

José Luis Camacho Acevedo

Después de presenciar el vandalismo de los reclamos de organizaciones, muchas de ellas de muy reciente aparición en los eventos en donde se protesta por los nulos resultados de la investigación, la pregunta que sigue en el aire: ¿Quiénes tienen verdadera responsabilidad, por omisión o por comisión, de los lamentablemente hechos que culminaron con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa hace ocho años en Iguala?

No fueron los padres de los desaparecidos quienes pintaron las paredes del Campo Militar Número 1 y derribaron ahí unas alambradas.

Es evidente que grupos de provocadores han tomado como subterfugio de sus acciones al movimiento que, justamente, pide una explicación creíble acerca de qué fue lo ocurrió esa trágica noche.

Yo personalmente estuve en el basurero de Cocula la primera vez que llegó el Grupo de Especialistas Internacionales para investigar si existían osamentas, u otro tipo de restos, en el río que está en las inmediaciones de un basurero ya invadido en esos tiempos por matorrales.

Pregunté, visité los lugares cercanos al basurero de Cocula y repasé las publicaciones locales que dieron cuenta de los hechos.

Al igual que el grupo de expertos internacionales me vine con la sensación de haber perdido el tiempo.

Animal Político publico en el año 2015:

“El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes que estudió el caso Ayotzinapa presentó sus conclusiones este domingo y en ellas asegura que para incinerar 43 cuerpos se hubiera requerido 13 mil kilogramos de neumáticos y 30 mil kilogramos de madera, además de que el fuego debería haber durado 60 horas. “

Los muchachos no fueron incinerados en el basurero de Cocula”, concluyó por su parte el grupo de expertos, tras seis meses de investigación, como lo mandó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)”.

En los días que yo estuve en el terreno de los hechos, en Iguala todo era un mutismo generalizado, tanto de autoridades como de presuntos grupos sociales.

Poco se atrevían a comentar los periodistas locales.

¿Cuánto le costó a México la estancia del grupo interdisciplinario para que los resultados fueran prácticamente nulos?

Y es que el problema no son los recursos gastados si es que hubiesen sido bien aplicados. Lo importante son las respuestas que siguen, a ocho años de distancia, prácticamente en la confusión o de plano en la nada.

¿Quiénes son los responsables de participar, por omisión o por comisión, en el lamentable evento y de convertirlo en esa forma en un caso sin respuestas?

Es obligado considerar la responsabilidad por omisión del entonces gobernador, Ángel Aguirre Rivero, ahora que se ha determinado la detención de Iñaki Blanco, quien era su fiscal en los momentos del evento.

Y es que en Guerrero era conocido que en los tiempos de Aguirre como mandatario, quienes ejercían de verdad el poder eran sus más cercanos colaboradores porque el Gobernador se dedicaba a otros menesteres más placenteros y menos agotadores.

Yo escribí hace algunos meses lo siguiente:

“En los momentos en que secuestraron en Iguala a los 43 estudiantes de la Normal Isidro Burgos, Ángel Aguirre fue uno de los últimos funcionarios de primer nivel de la administración de Guerrero, en enterarse de la gravedad de lo ocurrido en esa latitud del norte de la entidad.”

Y ahora que han sentenciado a militares y se presume el pronto encarcelamiento del ex fiscal Iñaki Blanco, causa extrañeza que la sub secretaría de Derechos Humanos de la SEGOB, encabezada por el tibio funcionario que es Alejandro Encinas, no vaya a buscar en la punta de la madeja a Ángel Aguirre, quien debe saber los nombres de los que estuvieron involucrados en la desaparición de los normalistas.

¿Qué le puede preguntar Encinas a Ángel Aguirre?

Primero si es cierto lo que publicó la reportera de Reforma, Peniley Ramírez, acerca de una nueva cronología de los hechos criminales de la noche de Iguala. Porque agencias del altiplano, la mencionada periodista Peniley Ramírez, PROCESO, entre otros, tuvieron acceso a un informe sin testar de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia de Ayotzinapa, constituida por el gobierno de AMLO en la reapertura del caso, en el cual se hacen públicos mensaje por chats y conversaciones entre los involucrados en la desaparición de los 43 estudiantes que llamaban “ayotzinapos”.

El subsecretario de Derechos Humanos de la SEGOB, Alejandro Encinas, lamentó la “filtración” de datos a la Prensa sobre la trágica noche que enlutó no únicamente a las familias y la comunidad normalista sino a México pues lo expuso como el país de la barbarie.

Alejandro Encinas debería dar a conocer su verdadero nivel de comunicación con la FGR y los altos mandos militares.

Hasta ahora todo parece que es el juego de Juan Pirulero y que cada institución anda con su verdad histórica bajo el brazo.

Urge ya una respuesta definida y única acerca de los resultados de las investigaciones del caso.

¿Qué información relevante ha pasado desde que se presentó la nueva verdad histórica?

Condenar el valor de Peniley Ramírez ha sido el más grave error de los oficialistas. El meollo del asunto está en otra parte. Una parte muy cercana a lo que supo varios días después del hecho sangriento Ángel Aguirre Rivero que, cuando menos, debe ser enjuiciado por omisión.

La marcha de hace unos días fue un ejemplo de cordura de los padres de los 43 desaparecidos en Iguala hace 8 años.

La respuesta oficial a esa muestra de civilidad de los manifestantes debe ser una que no le ande dando vueltas a un asunto que tal parece nunca van a terminar por resolver.

JOSECAMACHO@GMAIL.COM
@JLCA007

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