Diputados del PAN presentaron queja ante el INE contra AMLO y Jesús Ramírez por “BOA”

CDMX junio 13 de 2020.- Encabezados por Marcela Torres Peimbert, diputados del PAN interpusieron ante el INE una queja contra el presidente Andrés Manuel López Obrador y el vocero del Gobierno de la República, Jesús Ramírez Cuevas, por la distribución de un documento atribuido al BOA (Bloque Opositor Amplio), grupo supuestamente contrario al Gobierno Federal.

Como se recordará, en ese panfleto se señala al PAN como parte del bloque y al presentarlo públicamente el presidente “actúa de manera parcial a favor de su partido y proyecto de gobierno, pues busca incidir en la opinión pública a través de una estrategia que genere empatía en el electorado, al ver confabulado una estrategia de la oposición para dañarlo”, manifestó Torres Peimbert.

Desde su punto de vista, “Es evidente la violación al artículo 134, en virtud de que las estrategias de los partidos políticos, independientemente de la veracidad del documento presentado, no deben ser motivo de la propaganda gubernamental, a favor o en contra”.

En la queja se anexaron pruebas de los dichos y descalificaciones constantes del presidente, ante lo cual se pide sancionar, conforme a derecho corresponda, la violación del artículo 134 Constitucional, por parte del presidente de México y el vocero del Gobierno de la República.

Asimismo, destacan “las constantes descalificaciones a los líderes de los partidos políticos, con comentarios encaminados a llamar a favor del voto, violando también el principio de imparcialidad y utilizando recursos públicos y propaganda gubernamental para hacer resonarlos. La equidad de las contiendas electorales se encuentra en riesgo, ante la reiterada violación del artículo 134 Constitucional”.

Marcela Torres argumentó que la causa de la queja consiste en que, sin importar la veracidad o procedencia del documento, los dichos y las acciones del presidente influirán determinantemente en las elecciones del próximo año, violentando tanto el principio de imparcialidad como las directivas constitucionales que debe seguir toda propaganda gubernamental.

“El orden jurídico electoral no es de cumplimiento voluntario, sino de carácter obligatorio, y su incumplimiento debe traer consigo consecuencias jurídicas que deben ser aplicadas por parte de las autoridades electorales”, afirmó.

El artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece:

“Los servidores públicos de la Federación, los Estados y los municipios, así como del Distrito Federal y sus delegaciones, tienen en todo momento la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos”.

Pese a ello, la estrategia de comunicación del Gobierno Federal se ha centrado en la realización de ruedas de prensa matutinas, mismas que fueron denominadas “las mañaneras”. Estas se realizan con recursos públicos y, por lo tanto, son consideradas propaganda gubernamental.

En ese sentido, la propaganda gubernamental debe, según nuestro orden constitucional, tener parámetros específicos, mismos que se establecen en párrafo octavo, del artículo 134:

“La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social.”

Asimismo, el artículo 449 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece:

Constituyen infracciones a la presente Ley de las autoridades o los servidores públicos, según sea el caso, de cualquiera de los Poderes de la Unión; de los poderes locales; órganos de gobierno municipales; órganos de gobierno del Distrito Federal; órganos autónomos, y cualquier otro ente público, lo siguiente:

El incumplimiento del principio de imparcialidad establecido por el artículo 134 de la Constitución, cuando tal conducta afecte la equidad de la competencia entre los partidos políticos, entre los aspirantes, precandidatos o candidatos durante los procesos electorales.

Durante los procesos electorales, la difusión de propaganda, en cualquier medio de comunicación social, que contravenga lo dispuesto por el párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución.

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