DEL ARDUO CAMINO EN MEXICO DE LOS DERECHOS HUMANOS [1]

JOSE CARLOS GUERRA AGUILERA[2]

 “El camino de las libertades es cuesta arriba y sin freno,

si dejamos de empujar permanentemente

hacia arriba, la única dirección es hacia atrás,

en contra de ellas mismas.” [3]

“Sin independencia moral e intelectual,

no hay ancla por la independencia nacional.” [4]

INTRODUCCION: Los Derechos Humanos en una humanidad [5] que, hasta hace relativamente poco, los ha hecho importantes; en una sociedad evolutiva en nuestro país, que ahora contemporáneamente consolida a los Derechos del Hombre como un propósito primigenio, en el largo camino de gran batalla en contra las inmunidades del poder. [6]

DESARROLLO: Del Genesis de los Derechos Humanos, en el País. Del surgimiento de las Procuradurías de Derechos Humanos. De la gran reforma constitucional del 10 de junio de 2011. De los grandes temas del artículo primero. De la Difusión de los Derechos Humanos por los Poderes Judiciales. De la necesidad de una mayor educación. A manera de conclusión.

DEL GENESIS DE LOS DERECHOS HUMANOS, EN EL PÁIS.

1.- Creo que no nos dimos cuenta de que, en julio de 1994, hace 27 años, el Congreso del estado de Jalisco aprobó una reforma a su Constitución Política, en el Capítulo denominado DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES FUNDAMENTALES, y que ahora se denomina DE LOS DERECHOS HUMANOS Y SUS GARANTIAS, una –primigenia a nivel nacional- reforma al artículo 4, en el segundo párrafo, donde se indicó:

Se reconocen como derechos humanos de las personas que se encuentren en el territorio del Estado de Jalisco, los que se enuncian en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los contenidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, [7] y en los tratados, convenciones  o acuerdos internacionales  que el Gobierno Federal haya firmado o los que celebre o de que forme parte; atendiendo al principio del mínimo vital  consistente en el eje de planeación democrático por el cual el Estado deberá de crear las condiciones para que toda persona pueda llevar a cabo su proyecto de vida.”

El texto vigente es ahora:

“Artículo 4º.- Toda persona, por el sólo hecho de encontrarse en el territorio del Estado de Jalisco, gozará de los derechos que establece esta Constitución, siendo obligación fundamental de las autoridades salvaguardar su cumplimiento. Asimismo, el Estado de Jalisco reconoce, protege y garantiza el derecho a la vida de todo ser humano, al sustentar expresamente que desde el momento de la fecundación entra bajo la protección de la ley y se le reputa como nacido para todos los efectos legales correspondientes, hasta su muerte natural.

Se reconocen como derechos humanos de las personas que se encuentren en el territorio del Estado de Jalisco, los que se enuncian en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los contenidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y en los tratados, convenciones o acuerdos internacionales que el Gobierno Federal haya firmado o los que celebre o de que forme parte; atendiendo al principio del mínimo vital consistente en el eje de planeación democrático por el cual el Estado deberá de crear las condiciones para que toda persona pueda llevar a cabo su proyecto de vida.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. (…)

Esta Constitución reconoce el derecho humano a la participación ciudadana. (…)”

2.- La verdad es que poco se conocen esa y otras novedades legislativas que destacan, que ejemplarizan algunos (muy pocos) Congresos estatales. Años después una nueva sorpresa, el 26 de mayo de 2008, hace ya 13 anualidades, el Congreso del estado de Sinaloa, en el decreto número 94, de fecha 1 de abril de 2008 y publicado en el Periódico Oficial número 63, de fecha 26 de mayo de 2008, se adelantó vertiginosamente a todas las Constituciones estatales y a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y estableció:

“TÍTULO I Bis

DE LOS DERECHOS HUMANOS

Art. 4º Bis. En el Estado de Sinaloa toda persona es titular de los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la presente Constitución, así como de los previstos en los instrumentos internacionales incorporados al orden jurídico mexicano. Su ejercicio implica deberes correlativos de respeto a los derechos de los demás y de solidaridad hacia la familia, los más desfavorecidos y la sociedad.

Los derechos humanos tienen eficacia directa y vinculan a todos los poderes públicos. Serán regulados por ley orgánica, la cual respetará en todo tiempo su contenido esencial y su progresividad.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. (…)

Art. 4º Bis C. Los derechos humanos a los que hace alusión esta Constitución se interpretarán de acuerdo con los siguientes principios:

  1. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.
  2. Su sentido se determinará de conformidad con los instrumentos internacionales incorporados al orden jurídico mexicano aplicables y atendiendo los criterios de los organismos internacionales de protección de los derechos humanos reconocidos por el Estado mexicano, especialmente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. [8]
  • Cuando resulten aplicables o en conflicto dos o más derechos humanos, se hará una ponderación entre ellos a fin de lograr su interpretación armónica, logrando que su ejercicio no signifique menoscabo a los derechos de los demás y prevaleciendo la seguridad de todos y las justas exigencias del bien común y la equidad.
  1. Las únicas limitaciones admisibles son las previstas en el texto constitucional, mismas que deberán ser interpretadas restrictivamente.
  2. Se deroga.
  3. El interés superior del niño deberá tener consideración primordial por parte de los tribunales, autoridades administrativas u órganos legislativos, así como en todas las medidas que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social. Dicho deber implica que el desarrollo del niño y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida del niño.
  • Ninguna interpretación podrá excluir otros derechos inherentes al ser humano que no estén previstos en la presente Constitución.”

3.- En la revista especializada de Derecho Constitucional del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Cuestiones Constitucionales Jorge Ulises Carmona Tinoco y Edgar Corzo Sosa, refirieron: “El 26 de mayo de 2008, apareció publicada en el Periódico Oficial del Estado de Sinaloa una reforma constitucional en materia de derechos humanos (garantías individuales según la denominación tradicional). Se trata de la reforma más avanzada y audaz que haya existido en nuestro país, incluído el ámbito federal, por las siguientes razones. (…) Por principio de cuentas, constituye un avance firme en esta materia, en donde se han realizado diversos intentos por ampliar nuestro tradicional elenco de derechos humanos. Así, por ejemplo, han sido pocos los derechos humanos reconocidos o ampliados en nuestra Constitución federal después de su elaboración en 1917. (…).” [9]

6.- Y en el estado de Yucatán, el 6 de diciembre de 2010, hace 11 años, el primer artículo de la Constitución Política indicaba:

“Todos los habitantes del Estado de Yucatán, gozarán de las garantías que otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las derivadas de los Acuerdos o Tratados Internacionales, en los que el Estado Mexicano sea parte, y las establecidas en esta Constitución.

El Estado de Yucatán reconoce, protege y garantiza el derecho a la vida de todo ser humano, al sustentar expresamente que desde el momento de la fecundación entra bajo la protección de la ley y se le reputa como nacido para todos los efectos legales correspondientes, hasta su muerte natural, sin perjuicio de las excluyentes de responsabilidad previstas en el Código Penal del Estado de Yucatán.

Las niñas, niños y adolescentes son sujetos de pleno derecho. Todas las instituciones públicas del Estado garantizarán la vigencia y aplicación de las

prerrogativas que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Convención sobre los Derechos del Niño, esta Constitución y demás normatividad en la materia, otorgan a las niñas, niños y adolescentes.

La Ley establecerá que en la salvaguarda de los derechos de la infancia se respeten los principios de género e intergeneracionalidad y las características étnicas propias de la sociedad yucateca.

El Estado a través de un organismo especializado, con la participación de la sociedad civil, establecerá mecanismos para vigilar la atención de las necesidades de niños, niñas y adolescentes y en conjunto producirán información periódica sobre el cumplimiento progresivo de los derechos de la infancia en el Estado, dando a conocer los rubros que presentan rezago.”

Ahora indica:

“Articulo 1.- Todas las personas en el Estado de Yucatán gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte y en esta Constitución, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la Constitución Federal establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución Federal, los Tratados Internacionales de la materia y esta Constitución, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

El Estado de Yucatán reconoce, protege y garantiza el derecho a la vida de todo ser humano, al sustentar expresamente que desde el momento de la fecundación entra bajo la protección de la ley y se le reputa como nacido para todos los efectos legales correspondientes, hasta su muerte natural, sin perjuicio de las excluyentes de responsabilidad previstas en el Código Penal del Estado de Yucatán.

Las niñas, niños y adolescentes son sujetos de pleno derecho. Todas las instituciones públicas del Estado garantizarán la vigencia y aplicación de las prerrogativas que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Convención sobre los Derechos del Niño[10], esta Constitución y demás normatividad en la materia, otorgan a las niñas, niños y adolescentes.

La Ley establecerá que en la salvaguarda de los derechos de la infancia se respeten los principios de género e intergeneracionalidad y las características étnicas propias de la sociedad yucateca.

Toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento. El Estado garantizará el cumplimiento de estos derechos. La autoridad competente expedirá gratuitamente la primera copia certificada del acta de registro de nacimiento.

El Estado a través de un organismo especializado, con la participación de la sociedad civil, establecerá mecanismos para vigilar la atención de las necesidades de niños, niñas y adolescentes y en conjunto producirán información periódica sobre el cumplimiento progresivo de los derechos de la infancia en el Estado, dando a conocer los rubros que presentan rezago.”

4.- Y, por último, de lo que conozco el Congreso del estado de Chiapas el 27 de junio de 2011[11], hace casi diez años, legisló en su Carta Política, que toda persona en el Estado de Chiapas gozará de los Derechos Humanos contenidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos proclamados y reconocidos por la Organización de las Naciones Unidas: Estableciendo:

Artículo 3.- Toda persona en el Estado de Chiapas gozará de las garantías individuales y sociales establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los Derechos Humanos contenidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos proclamados y reconocidos por la Organización de las Naciones Unidas, que son los siguientes:

  1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.
  2. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. (…)”

Ahora se indica:

“De los Derechos Humanos en Chiapas

Capítulo I

De los Derechos Humanos

 

Artículo 3. El Estado de Chiapas tiene la obligación de promover y respetar todos los Derechos Humanos contenidos en esta Constitución, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales; así como de garantizar su ejercicio libre y pleno para asegurar la protección más amplia de toda persona.

Artículo 4. El Estado está obligado, a incluir dentro de los planes de educación básica y media superior, la enseñanza teórica y práctica de los Derechos Humanos contenidos en esta Constitución y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas.

Cuando una persona que pertenezca a un pueblo indígena y no hable suficientemente el idioma español, tendrá derecho a que se le asigne un defensor social que hable su misma lengua y conozca su cultura, para que lo patrocine legalmente.

El Poder Ejecutivo del Estado y los Ayuntamientos, en caso de una resolución vinculatoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o de instrumentos internacionales vinculantes, de las recomendaciones aceptadas por sus autoridades, o de aquéllas derivadas de procedimientos de amigable composición, que impliquen una reparación del daño, deberán contemplar en la integración de sus presupuestos respectivos, un fondo destinado para el cumplimiento de la reparación del daño de las víctimas de violación de los derechos humanos. En caso de que los recursos no sean utilizados en el ejercicio correspondiente, serán acumulables para el ejercicio inmediato siguiente.

El Estado reconoce, protege y tutela, el derecho a la vida que todo ser humano tiene desde el momento de la concepción, entra bajo la protección de la Ley y se le reputa como nacido para todos los efectos legales correspondientes, hasta su muerte natural, salvo las excepciones que establezca la legislación penal.

Las autoridades estatales y municipales, en los términos y condiciones que establezcan la Constitución General de la República, la particular del Estado, las leyes que de ellas emanan, los Tratados y Convenios Internacionales ratificados y vigentes en México, garantizarán:

  1. El derecho a la identidad a toda persona nacida en Chiapas, para que cuenten con nombre y nacionalidad mexicana. La inscripción ante el registro civil de los menores de un año será gratuita. A nadie se le exigirá comprobar la legal estancia en el país para la inscripción ante el registro civil de sus hijos nacidos en territorio estatal.
  2. Que todas las personas mayores de 64 años que residan en el Estado, reciban una aportación económica mayor a lo que determina el objetivo número uno de los Objetivos de Desarrollo del Milenio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

 

  • El respeto y protección de los derechos humanos de los migrantes, entre ellos el derecho a la salud, derechos laborales, derecho a la seguridad pública y a la procuración de justicia. En el Estado de Chiapas, tratándose de delitos del fuero común, queda prohibida la figura del arraigo dentro de los procedimientos inherentes a la averiguación previa o etapa de investigación. (…)”

 

5.- El Congreso del Estado de Guanajuato el 17 de mayo de 2013, modificó la Constitución Estatal en su artículo 1, para homologar su texto al artículo 1 de la Carta Magna.

DEL SURGIMIENTO DE LAS PROCURADURIAS DE DERECHOS HUMANOS.

6.- El surgimiento en nuestro país de las instituciones protectoras o procuradoras de los Derechos Humanos, se ha escrito, emerge con la asunción de la Ley de Procuraduría de Pobres del insigne potosino, Don Ponciano Arriaga, conocida desde el martes 5 de septiembre de 1848; la que se ha considerado por un sector de la doctrina, como el primer antecedente del ombudsman sueco; otro sector indica que las ideas sustentadoras de esa Procuraduría, fueron en razón de la distancia y de las faltas de comunicación de entonces, verificadas en forma autónoma, sin que le sirviera de modelo la figura sueca, la que difícilmente podría haberse conocido. Siempre me llamó la atención cuando me asomé a conocer algo de esa Procuraduría y encontré que el articulo 7 establecía que el Procurador tenía a su disposición la Imprenta del Estado, con el objeto de poner en conocimiento del público, “(…) siempre que entendieren (sic) que no se les ha hecho justicia (…)” la conducta de las autoridades ante quieres se quejaron. [12] De hecho, las Procuradurías de Defensa de los Derechos Humanos y la Comisión de Derechos Humanos, exhiben a los que violan esos derechos, aun cuando no se conozca dilatadamente ese hecho, por el público.[13]

7.- El estado de Nuevo León fue una de las primeras entidades en manifestar un interés por la vigencia y defensa de los derechos humanos en el país. A finales de la gestión del Dr. Pedro G. Zorrilla Martínez (1973-1979), se implantó la primera Ley para la Defensa de los Derechos Humanos en el Estado de Nuevo León, publicada en enero de 1979. En virtud de ella, se creó la Dirección para la Defensa de los Derechos Humanos, primera dependencia administrativa para este fin.[14] La Procuraduría Federal del Consumidor fue el primer antecedente del ombudsman, habida cuenta de que, en Suecia entre otros muchos, existe el ombudsman del Comercio. Nace el 5 de febrero de 1976; incluso nuestro país, fue la segunda nación de América Latina en tener una ley de ese tipo. Posterior a esas figuras aparece el 21 de noviembre de 1983, en el Municipio de Colima, el Procurador de Derechos de los Vecinos, cuando el Presidente Municipal era Carlos Vázquez Ordenberg, acaso por su segundo apellido, vinculado de alguna manera al país de la figura nórdica. De esa Procuraduría poco se supo. También nacieron la Procuraduría de las Defensa del Indígena en Oaxaca en 1986 y la Procuraduría Social de la Montaña en Guerrero en 1987. [15] Antes de que naciera en 1990, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, emerge en 1985 la Procuraduría de los Derechos Universitarios en la Universidad Nacional Autónoma de México, misma que subsiste. Aparece en 1988 en el Estado de Aguascalientes la Procuraduría de Protección Ciudadana, con mucha ejemplaridad en el país.  La Comisión Nacional de los Derechos Humanos nace el 6 de junio de 1990 y muchas otras más en todo el territorio nacional; en Guanajuato el 16 de octubre de 1992, se creó formalmente la Procuraduría de los Derechos Humanos para el Estado de Guanajuato que inicio sus labores el 3 de mayo de 1993.

8.- Hasta donde conozco las procuradurías de Derechos Humanos de otros países emiten recomendaciones no vinculatorias [16], es decir no son obligatorias. Se sostienen por la fuerza

moral del Defensor o del Procurador, y sobre todo por la confianza que despierta su desempeño. [17] No son Tribunales de Justicia.

DE LA GRAN REFORMA CONSTITUCIONAL DEL 10 DE JUNIO DE 2011.

9.- El 10 de junio de 2011, en el Diario Oficial de la Federación, fueron publicadas las reformas Constitucionales en materia de Derechos Humanos, trasformando sustancialmente el contenido y alcance de ellos para garantizar una mayor esfera tutora de protección a todos los gobernados contra los actos y omisiones de las autoridades del Estado Mexicano. Sin embargo, esa gran reforma está lamentablemente inconclusa ya que los artículos transitorios de esa reforma Constitucional contienen obligaciones no cumplidas, olvidadas de expedir determinadas Leyes Reglamentarias y/o Generales.

 

10.- En efecto en este año, también se cumplen nueve años de omisión legislativa de todos los Congresos Federales posteriores al año de 2011 ya que, de los artículos transitorios [18], se desprende a cargo del Congreso de la Unión –y de las legislaturas de los Estados, en el caso de las Leyes Generales, en el ámbito de sus competencias- la obligatoriedad de expedir, dentro del plazo de un año –mismo que expiró el 10 de junio de 2012- las siguientes leyes:

La Ley General sobre reparaciones por violación de derechos humanos. La Ley sobre Asilo.

La Ley Reglamentaria Sobre Suspensión y/o Restricción de Derechos Humanos y/o Garantías. La Ley Sobre Expulsión de Extranjeros. A la fecha ninguna de esas leyes se ha creado. Tenemos lamentablemente y no es el único caso, inmóviles legisladores, que además son desobedientes de la propia Carta Magna.

 

11.- El gigantesco [19] artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece:

“Título Primero

Capítulo I

De los Derechos Humanos y sus Garantías[20]

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes.

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.”

DE LOS GRANDES TEMAS DEL ARTICULO PRIMERO

“Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución [21] y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.”

PRIMER GRAN TEMA, quienes son: “(…) todas las personas (…)”:

¿Cuál es el significado de la palabra “persona”? En el Vocabulario Jurídico, [22] de Capitat, se establece que es ente al que se reconoce capacidad para ser sujeto de Derecho; en el Diccionario de Filosofía,[23] se indica que es el hombre en sus relaciones en el mundo y consigo mismo, y en el Diccionario Jurídico Mexicano[24], se refiere que el concepto de persona jurídica tiene una larga y complicada historia. Sin ahondar en un tema que es exageramente grande, habría que considerar que toda vez que el Estado Mexicano está vinculado con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también acreditada como “Pacto de San José de Costa Rica”, y en ella el artículo 1.2 establece con meridiana claridad lo siguiente:

“Artículo 1. Obligación de Respetar los Derechos

Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

  1. Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano.”

De esta manera para los efectos correspondientes a la interpretación de “persona” en el primer artículo, es todo ser humano solamente.[25]

Una interpretación literal, legal y certera,  indica una importante y fuerte corriente de opinión, que sostuvo, primigeniamente a nivel nacional, Germán Eduardo Baltazar Robles, en el sentido de que al concluir las garantías individuales y tener su asunción los Derechos Humanos las personas jurídicas colectivas; las empresas, el Estado, los Municipios, no tienen derechos humanos y como consecuencia habría que afirmar que y entonces no están legitimados para pedir la restitución de esos derechos, porque carecen de ellos.

En este mismo sentido se pronunció el Magistrado Carlos Hidalgo Riestra, al indicar que los Derechos Humanos “(…) pertenecerán al hombre, como individuo de la especie humana (…)”; Aduciendo, además que, no es en Derecho, lo mismo persona que hombre; que “(…) hombre es todo ser humano (…)”  Así como, que se debe considerar como inexistente a una persona moral, “por tratarse de un ser imaginario creado por la ley para fines jurídicos” que solo tiene una existencia jurídica no biológica.[26]  Lo que es inobjetable.

No fueron los únicos, Juan Antonio Cruz Parcero, verificó un ensayo impecable[27] en donde establece que las personas morales carecen de Derechos Humanos. Sin embargo, el Poder Judicial de la Federación, verificó una labor interpretativa al principio vacilante al no reconocer derechos humanos a las personas morales e incluso integradora al final, en 2015, que apareció la contradicción de tesis del Pleno de la Corte, que impera:

Décima Época
Registro digital: 2008584
Pleno
Jurisprudencia
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Libro 16, marzo de 2015, Tomo I
Materia(s): Constitucional
Tesis: P./J. 1/2015 (10a.)
Página: 117

PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. ES APLICABLE RESPECTO DE LAS NORMAS RELATIVAS A LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS QUE SEAN TITULARES LAS PERSONAS MORALES. El artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al disponer que en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en dicha Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, no prevé distinción alguna, por lo que debe interpretarse en el sentido de que comprende tanto a las personas físicas, como a las morales, las que gozarán de aquellos derechos en la medida en que resulten conformes con su naturaleza y fines. En consecuencia, el principio de interpretación más favorable a la persona, que como imperativo establece el párrafo segundo del citado precepto, es aplicable respecto de las normas relativas a los derechos humanos de los que gocen las personas morales, por lo que deberán interpretarse favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia, a condición de que no se trate de aquellos derechos cuyo contenido material sólo pueda ser disfrutado por las personas físicas, lo que habrá de determinarse en cada caso concreto.

Contradicción de tesis 360/2013. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo en Materia Administrativa del Séptimo Circuito y Segundo en Materia Administrativa del Cuarto Circuito. 21 de abril de 2014. Unanimidad de once votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Luis María Aguilar Morales, Sergio A. Valls Hernández, Olga Sánchez Cordero de García Villegas, Alberto Pérez Dayán y Juan N. Silva Meza. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Guadalupe M. Ortiz Blanco.

Es notable que, si bien es cierto que no se precisó en el texto constitucional la “clase” de persona, y que hay el célebre principio de derecho de que, si no se distingue no cabe distinguir, también es importante que se haya referido la sentencia del 7 de septiembre de 2007, emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso Jose María Cantos vs. Argentina[28], en donde se indicó:

 “22.  El Estado alegó, como primera excepción preliminar, (…) que la Convención Americana no es aplicable a las personas jurídicas y que, por ende, las empresas del señor José María Cantos, que poseen distintas formas societarias, no están amparadas por el artículo 1.2 de la Convención.

  1. Toda norma jurídica se refiere siempre a una conducta humana, que la postula como permitida, prohibida u obligatoria.  Cuando una norma jurídica atribuye un derecho a una sociedad, ésta supone una asociación voluntaria de personas que crean un fondo patrimonial común para colaborar en la explotación de una empresa, con ánimo de obtener un beneficio individual, participando en el reparto de las ganancias que se obtengan (…)
  2. (…) [L]a Corte hace notar que, en general, los derechos y las obligaciones atribuidos a las personas morales se resuelven en derechos y obligaciones de las personas físicas que las constituyen o que actúan en su nombre o representación.
  3. Esta Corte considera que si bien la figura de las personas jurídicas no ha sido reconocida expresamente por la Convención Americana, como sí lo hace el Protocolo no. 1 a la Convención Europea de Derechos Humanos, esto no restringe la posibilidad que bajo determinados supuestos el individuo pueda acudir al Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos para hacer valer sus derechos fundamentales, aún cuando los mismos estén cubiertos por una figura o ficción jurídica creada por el mismo sistema del Derecho. No obstante, vale hacer una distinción para efectos de admitir cuáles situaciones podrán ser analizadas por este Tribunal, bajo el marco de la Convención Americana. En este sentido, ya esta Corte ha analizado la posible violación de derechos de sujetos en su calidad de accionistas.”

Luego entonces me atrevo a sostener que aun cuando se refirió el tema de las personas morales, la Corte, en el caso Jose María Cantos, no estuvo de acuerdo que estuvo tuvieran derechos humanos las personas jurídicas colectivas, llamadas también personas morales, es decir el tema está referido solamente, no hubo definición,  y el Caso Cantos no fue exactamente lo que pretendió la Ponente de la Tesis, y que aprobaron unánimente los Ministros, sin dejar de reconocer que resultó de gran trascendencia, el tema de análisis, en donde se reconoció que los derechos y obligaciones de las personas morales se traducen, finalmente, en derechos y obligaciones de las personas físicas que las integran. La sentencia en cita reconoció el acceso a la protección de los derechos humanos, aun cuando actúen por medio de las personas morales, pero ello derivó en una jurisprudencia integradora, contraria a la Constitución.

En el caso Artavia Murillo y otros (Fertilización in Vitro) contra Costa Rica, de Noviembre de 2012, [29] La Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió que la definición de persona está anclada a las menciones que se  hacen en el tratado respecto a la “concepción” y al “ser  humano”, términos cuyo alcance debe valorarse a partir de la literatura  científica.
La Suprema Corte de Justicia tiene facultades para interpretar a la Constitución, pero obviamente, “jamás una jurisprudencia podrá suprimir un artículo de la norma Constitucional” [30], y el problema más grave es, porque como bien enseña el notable constitucionalista Jacinto Faya Viesca, a veces cuando “la jurisprudencia ejerce un efecto no solamente supresor; sino incluso sustituto de la norma legal”[31].

La jurisprudencia es y solo debe ser la interpretación de la Ley. La jurisprudencia no constituye legislación nueva, ni diferente, sino sólo debe ser la interpretación correcta de la ley, que la Suprema Corte de Justicia efectúa en determinado sentido; no puede, ni menos debe, ni alterar la Ley. Las tesis del Poder Judicial de la Federación múltiples de todas las Épocas, así se indican desde hace más de 56 años:

Sexta Época
Registro digital: 390056
Primera Sala
Jurisprudencia
Apéndice de 1995
Tomo II, Parte SCJN
Materia(s): Penal
APENDICE ’95: TESIS 187 PG. 107

JURISPRUDENCIA, CONCEPTO DE LA. SU APLICACION NO ES RETROACTIVA.- Es inexacto que al aplicarse jurisprudencia surgida con posterioridad a la comisión del delito y a la ley entonces vigente, se viole en perjuicio del acusado el principio jurídico legal de irretroactividad, pues la jurisprudencia no constituye legislación nueva ni diferente, sino sólo es la interpretación correcta de la ley que la Suprema Corte de Justicia efectúa en determinado sentido y que se hace obligatoria por ordenarlo así disposiciones legales expresas, de suerte que su aplicación no es sino la misma de la ley vigente en la época de realización de los hechos que motivaron el proceso penal.

SEGUNDO GRAN TEMA: “(…) las personas gozarán [32] de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución”.

Se indica solo a los Derechos Humanos reconocidos en la Constitución Política. Solo los derechos humanos contenidos en los tratados de los que el Estado Mexicano sea parte.

Paralelamente en la legislación positiva he encontrado entre otras codificaciones:

EN LA LEY DE AMPARO

 Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite:

  1. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;
  2. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competencias del Distrito Federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y

III. Por normas generales, actos u omisiones de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal, que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente Ley.

EN EL CODIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES

Artículo 2o. Objeto del Código

Este Código tiene por objeto establecer las normas que han de observarse en la investigación, el procesamiento y la sanción de los delitos, para esclarecer los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que se repare el daño, y así contribuir a asegurar el acceso a la justicia en la aplicación del derecho y resolver el conflicto que surja con motivo de la comisión del delito, en un marco de respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte.

EN LA LEY GENERAL DE VICTIMAS.[33]

Artículo 4. Se denominarán víctimas directas aquellas personas físicas que hayan sufrido algún daño o menoscabo económico, físico, mental, emocional, o en general cualquiera puesta en peligro o lesión a sus bienes jurídicos o derechos como consecuencia de la comisión de un delito o violaciones a sus derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte.

 

Son víctimas indirectas los familiares o aquellas personas físicas a cargo de la víctima directa que tengan una relación inmediata con ella.

 

Son víctimas potenciales las personas físicas cuya integridad física o derechos peligren por prestar asistencia a la víctima ya sea por impedir o detener la violación de derechos o la comisión de un delito.

 

La calidad de víctimas se adquiere con la acreditación del daño o menoscabo de los derechos en los términos establecidos en la presente Ley, con independencia de que se identifique, aprehenda, o condene al responsable del daño o de que la víctima participe en algún procedimiento judicial o administrativo.

 

Son víctimas los grupos, comunidades u organizaciones sociales que hubieran sido afectadas en sus derechos, intereses o bienes jurídicos colectivos como resultado de la comisión de un delito o la violación de derechos.

 

Artículo 6. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:

(…)

  1. Hecho victimizante: Actos u omisiones que dañan, menoscaban o ponen en peligro los bienes jurídicos o derechos de una persona convirtiéndola en víctima. Éstos pueden estar tipificados como delito o constituir una violación a los derechos humanos reconocidos por la Constitución y los Tratados Internacionales de los que México forme parte;

(…)

XXI. Violación de derechos humanos Todo acto u omisión que afecte los derechos humanos reconocidos en la Constitución o en los Tratados Internacionales, cuando el agente sea servidor público en el ejercicio de sus funciones o atribuciones o un particular que ejerza funciones públicas. También se considera violación de derechos humanos cuando la acción u omisión referida sea realizada por un particular instigado o autorizado, explícita o implícitamente por un servidor público, o cuando actúe con aquiescencia o colaboración de un servidor público.

 

Lo anterior es absolutamente trascendente, ya que junto con el artículo 1 de la Carta Magna, nace el relevante, segundo párrafo del artículo 29 Constitucional, que contiene nuevos derechos humanos en la Constitución, mismo que indica:

“Articulo 29.-

(…)

En los decretos que se expidan [34], no podrá restringirse ni suspenderse el ejercicio de los derechos (1) a la no discriminación, (2) al reconocimiento de la personalidad jurídica, (3) a la vida [35], (4) a la integridad personal, (5) a la protección a la familia, (6) al nombre,[36] (7) a la nacionalidad; (8) los derechos de la niñez; (10) los derechos políticos; (11) las libertades de pensamiento, (12) conciencia y (13) de profesar creencia religiosa alguna; (14) el principio de legalidad y (14) retroactividad; (15) la prohibición de la pena de muerte; (16) la prohibición de la esclavitud y (17) la servidumbre; (18) la prohibición de la desaparición forzada y (19) la tortura; ni las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos.”

Luego entonces hay nuevos derechos humanos en la Constitución expresamente referidos en ella, lo cual es trascendente, así lo indica German Eduardo Baltazar Robles: [37] “Esto permite identificar qué derechos la propia Constitución prevé como intocables incluso en situaciones de emergencia, por lo que de ese listado podremos obtener cuáles son los “Derechos Humanos reconocidos” como tales en nuestra Carta Magna si sus características permiten considerarlos así pues, como se precisó en el capítulo I, los Derechos Humanos, desde el punto de vista conceptual o de fondo (…)”

TERCER GRAN TEMA: “(…) y [38] con los tratados internacionales de la materia (…) [39]

Y es evidente ahora, ya que la letra “y” (letra en forma copulativa, para unir palabras o cláusulas en concepto afirmativo) iguala la jerarquía, no hace distingos. Emergió con ello el criterio de que los Tratados Internacionales tienen la misma jerarquía normativa. La Suprema Corte ha debatido ampliamente el tema.

“Así, de la noche a la mañana los jueces amanecieron convertidos en defensores de los Derechos Humanos, lo que sea que esto signifique.” Así lo refirió certeramente Francisco Javier Sandoval, al indicar que los jueces y no solo ellos, también los abogados, podrían aplicar o aducir los Derechos Humanos contenidos en los tratados internacionales de la materia.

Ciertamente el más detallado, útil, documentado, concordado, portal informático, que en verdad sorprende, es la TABLA NORMATIVA DE DERECHOS HUMANOS, de la Fundación Acción Pro Derechos Humanos.[40]

CUARTO GRAN TEMA: Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los Tratados Internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.”

Sobre el tópico de la interpretación conforme[41], hay muchas tesis del Poder Judicial Federal, cito solo ésta que es histórica, del expediente Varios 912/2010, iniciado magistralmente por el Pleno de la SCJN.

Décima Época

Registro: 160525

Instancia: Pleno

Tesis Aislada

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Libro III, diciembre de 2011, Tomo 1

Materia(s): Constitucional

Tesis: P. LXIX/2011(9a.)

Página:   552

PASOS A SEGUIR EN EL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS. La posibilidad de inaplicación de leyes por los jueces del país, en ningún momento supone la eliminación o el desconocimiento de la presunción de constitucionalidad de ellas, sino que, precisamente, parte de esta presunción al permitir hacer el contraste previo a su aplicación. En ese orden de ideas, el Poder Judicial al ejercer un control de convencionalidad ex officio en materia de derechos humanos, deberá realizar los siguientes pasos: a) Interpretación conforme en sentido amplio, lo que significa que los jueces del país -al igual que todas las demás autoridades del Estado Mexicano-, deben interpretar el orden jurídico a la luz y conforme a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales en los cuales el Estado Mexicano sea parte, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia; b) Interpretación conforme en sentido estricto, lo que significa que cuando hay varias interpretaciones jurídicamente válidas, los jueces deben, partiendo de la presunción de constitucionalidad de las leyes, preferir aquella que hace a la ley acorde a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, para evitar incidir o vulnerar el contenido esencial de estos derechos; y, c) Inaplicación de la ley cuando las alternativas anteriores no son posibles. Lo anterior no afecta o rompe con la lógica de los principios de división de poderes y de federalismo, sino que fortalece el papel de los jueces al ser el último recurso para asegurar la primacía y aplicación efectiva de los derechos humanos establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los cuales el Estado Mexicano es parte.

Varios 912/2010. 14 de julio de 2011. Mayoría de siete votos; votaron en contra: Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Jorge Mario Pardo Rebolledo con salvedades y Luis María Aguilar Morales con salvedades. Ausente y Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Encargado del engrose: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Raúl Manuel Mejía Garza y Laura Patricia Rojas Zamudio.

QUINTO GRAN TEMA: Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los Tratados Internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.”

El famoso control de la convencionalidad, sobre el que se sigue escribiendo, nace en virtud del párrafo siguiente creado entre otros por Don Sergio García Ramírez. La frase siguiente es altamente significativa: en el Caso Almonacid contra Chile se escribió con meridiana claridad y pétreamente:

  1. (…) [C]cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermadas por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, y que desde un inicio carecen de efectos jurídicos.  En otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer una especie de “control de convencionalidad” entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.  En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana.”.

En el excelente libro El control judicial difuso de convencionalidad de los derechos humanos por los tribunales ordinarios de México,[42] de Gumesindo García Morelos, se refierío antes de la aparición en la Carta Magna de los Derechos Humanos:

“El derecho convencional de los derechos humanos cuenta con cláusulas de supremacía respecto a los ordenamientos nacionales, y en caso de incumplimiento de los deberes internacionales los organismos encargados de la revisión del respeto a dichos instrumentos pueden realizar un control de convencionalidad mediante diversas técnicas procesales.

La repercusión de la aplicación del derecho convencional por parte de los tribunales nacionales constituye el tema central del presente trabajo. Desafortunadamente la práctica respecto a los Tratados Internacionales no resulta alentadora, aun cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos considera en su jurisprudencia el deber de realizar por parte de todos los jueces de los países signatarios el control de convencionalidad.”

Esto es lo medular: el derecho convencional de los Derechos Humanos, cuenta con estipulaciones de supremacía respecto a las codificaciones nacionales.

 

SEXTO GRAN TEMA: Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los Tratados Internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.”

Bienvenido todo esto que constituye el avance más importante desde la Constitución de 1917, a los derechos del hombre; bienvenido entre otros, el principio pro homine que se conocía muy poco.

SEPTIMO GRAN TEMA: Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. (…)

Luis Felipe Guerrero Agripino, se refiere con mucha claridad a esos principios:

“Principio pro persona: es decir, que cuando la autoridad tenga que optar por varias normas para aplicar ante una situación concreta, o cuando un texto normativo amerite diversas interpretaciones, deberá privilegiarse la que mejor favorezca a la persona.

Principio de universalidad: significa que el goce de los derechos humanos abarca a todas las personas por igual.

Principio de interdependencia: se traduce en que todos los derechos humanos se encuentran vinculados entre sí, con el mismo valor. De esa manera, le corresponde al Estado garantizar la aplicación integral de los mismos.

Principio de indivisibilidad: significa que los derechos humanos poseen un rango intrínseco a la persona; son inseparables de ella, de tal manera que al ejercerse uno de ellos, correlativamente se deriva el ejercicio de otros. Se trata de una interrelación que no es susceptible de separar.

Principio de progresividad[43]: conlleva el desiderátum de ir siempre hacia delante. Es decir, que el Estado se encuentre en una permanente búsqueda de ampliación de los derechos humanos y de los mecanismos de protección, a la luz de las necesidades imperantes del contexto o de las situaciones cambiantes de la realidad” [44]

Hay un ensayo interesantísimo sobre el tema, denominado LOS PRINCIPIOS DE UNIVERSALIDAD, INTERDEPENDENCIA, INDIVISIBILIDAD Y PROGRESIVIDAD. APUNTES PARA SU APLICACIÓN PRACTIVA.[45]

La siguiente tesis es ejemplar y explicita.

Décima Época

Número de registro del disco óptico de Sistematización de Tesis y Ejecutorias de la SCJN:  2,001,787

Tesis aislada

Materia(s): Común

Tribunales Colegiados de Circuito

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo: Libro XII, septiembre de 2012, Tomo 3

Tesis: IV.2o.A.13 K (10a.)

Página: 2072

SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN EL JUICIO DE AMPARO. SUS ALCANCES A RAÍZ DE LAS REFORMAS CONSTITUCIONALES DE 10 DE JUNIO DE 2011. [46] A partir de la reforma de diez de junio de dos mil once al artículo 1o., en relación con el 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se estableció la obligación de toda autoridad de promover, respetar y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, quedando así establecidas las premisas de interpretación y salvaguarda de los derechos consagrados en la Constitución, que se entiende deben respetarse en beneficio de todo ser humano, sin distinción de edad, género, raza, religión, ideas, condición económica, de vida, salud, nacionalidad o preferencias (universalidad); asumiendo tales derechos como relacionados, de forma que no es posible distinguirlos en orden de importancia o como prerrogativas independientes, prescindibles o excluyentes unas ante otras (indivisibilidad e interdependencia); además, cada uno de esos derechos o todos en su conjunto, obedecen a un contexto de necesidades pasadas y actuales, y no niegan la posibilidad de su expansión, siendo que crecen por adecuación a nuevas condiciones sociales que determinen la vigencia de otras prerrogativas que deban reconocerse a favor del individuo (progresividad). Al positivarse tales principios interpretativos en la Constitución, trascienden al juicio de amparo y por virtud de ellos los tribunales han de resolver con una tendencia interpretativa más favorable al derecho humano que se advierta conflagrado y con una imposición constitucional de proceder a su restauración y protección en el futuro, debiendo por ello quedar superados todos los obstáculos técnicos que impidan el estudio de fondo de la violación, fundados en una apreciación rigorista de la causa de pedir, o la forma y oportunidad en que se plantea. En ese sentido, la suplencia de la queja deficiente encuentra fortalecimiento dentro del juicio de garantías, pues a través de ella el Juez puede analizar por sí una violación no aducida y conceder el amparo, librando en ese proceder los obstáculos derivados de las omisiones, imprecisiones e, incluso, inoportunidades en que haya incurrido quien resulta afectado por el acto inconstitucional, de manera que es la suplencia el instrumento que mejor revela la naturaleza proteccionista del amparo, y su importancia, como mecanismo de aseguramiento del principio de supremacía constitucional, mediante la expulsión de aquellos actos o disposiciones que resulten contrarios al Ordenamiento Jurídico Máximo. Así, las reformas comentadas posibilitan ampliar su ejercicio, por lo que cuando en el conocimiento de un juicio de amparo la autoridad advierta la presencia de un acto que afecta los derechos fundamentales del quejoso, podrá favorecer el estudio de la violación y la restauración de los derechos conflagrados, por encima de obstáculos derivados de criterios o interpretaciones sobre las exigencias técnicas del amparo de estricto derecho, como la no impugnación o la impugnación inoportuna del acto inconstitucional, su consentimiento presuntivo, entre otros, pues estos rigorismos, a la luz de los actuales lineamientos de interpretación constitucional, no podrían anteponerse válidamente a la presencia de una manifiesta conflagración de derechos fundamentales, ni serían suficientes para liberar al tribunal de procurar la restauración de dicha violación, del aseguramiento de los derechos fundamentales del individuo y del principio de primacía constitucional en la forma más amplia. Además, tal proceder es congruente con la intención inicial reconocida a la suplencia de la queja, pues ante la presencia de un acto inconstitucional, se torna en salvaguarda del ordenamiento jurídico en general y del principio de supremacía constitucional, consagrado en el artículo 133 constitucional, en tanto que las deficiencias en que incurra el agraviado, relacionadas con la falta de impugnación o la impugnación inoportuna, pueden entenderse como una confirmación del estado de indefensión en que se encuentra y del cual debe ser liberado.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO.

Amparo directo 319/2011. Joaquín del Bosque Martínez. 24 de mayo de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: José Carlos Rodríguez Navarro. Secretario: Eucario Adame Pérez.

De la misma manera que se ha modificado la Carta Magna en cuanto a los derechos humanos, ya que no es solo relevantes los artículos 1 y el 29, menciono solamente en cuanto a la idea toral de este ensayo, a los artículos 2, 3, 15, 18, 21, 33, 89, 97 y otros.

DE LA DIFUSION DE LOS DERECHOS HUMANOS POR LOS PODERES JUDICIALES.

En el ámbito estadual, los primeros Poderes Judiciales que desarrollaron una difusión de los Derechos Humanos fueron los de los estados de Michoacán y Sinaloa, siendo más destacado lo que se publicitó en su portal informativo[47] el de Michoacán, en donde establece una lección nacional, en su motivación y en la riqueza de sus temas:

La reforma constitucional antes referida genera la impostergable necesidad de conocer y de profundizar en el estudio de los Tratados Internacionales en los que se reconocen los Derechos Humanos y en que el Estado Mexicano es parte; por lo cual es indispensable tener un conocimiento público del listado enunciativo, y no limitativo, y esto es muy importante de los instrumentos internacionales sobre Derechos Humanos, clasificados por la materia en que inciden.

Ahora bien, las normas relativas a los Derechos Humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución vigente y con los Tratados Internacionales de la materia de Derechos Humanos, deben ser todos los instrumentos, siempre que hayan sido firmados por el Gobierno Mexicano. Además, por Tratado se debe entender conforme al artículo 2, inciso a) de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, de 1969, prácticamente cualquier acuerdo internacional escrito.

Hay un libro que me parece único en su género y logradísimo que nace en ese estado de Sinaloa: Hechos violatorios de Derechos Humanos en México [48], de Juan José Ríos Estavillo y Jhenny Judith Bernal Arellano, en él se encuentra una relación de varios hechos violatorios a los Derechos Humanos y en donde sorprende que exista la alusión exacta a la normatividad nacional e internacional, así como de los rubros jurisprudenciales es decir el Derecho positivo aplicable de los Tratados y Convenciones Internacionales. Ese libro será un ejemplo a seguir en la doctrina nacional para conocer, entender y comprender el Derecho Internacional que hay en beneficio de los Derechos Humanos nacionales.

Ciertamente el más detallado, útil, documentado, concordado, portal informático, que en verdad sorprende, es la TABLA NORMATIVA DE DERECHOS HUMANOS, de la Fundación Acción Pro derechos Humanos.[49]

DE LA NECESIDAD DE UNA MAYOR EDUCACIÓN.

1.- La Procuraduría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, celebró hace meses un coloquio “Derechos Humanos y sus Reformas en la Constitución”. Recuerdo que fue disertante el Magistrado de Circuito, Rafael Rojas Licea, quien conferenció con sapiencia sobre “La Importancia de la aplicación de los Derechos Humanos en el ejercicio del Poder Judicial”, También recuerdo al maestro Luis Alberto Estrella Ortega, quien expuso algunos temas apasionantes de las “Implicaciones de las reformas en materia de Derechos Humanos y Seguridad Pública en los espacios de formación académica”. Recuerdo otras conferencias en donde aprendí mucho, Las extraño.

Toda autoridad, debe promover los derechos humanos, pero siempre es necesario que se haga una labor mayor y sobre todo que se amplié el conocimiento de los Derechos Humanos, a los niños, a los adolescentes, a todos simplemente para que el ciudadano se sienta más fuerte, se sienta que no debe ser despreciado. La defensa de los Derechos Humanos debe basarse en un compromiso contra la barbarie y en un sentimiento de empatía basado en la dignidad humana.

La educación debe ser mucho mayor y vertical. Buscar que la Secretaría de Educación Pública, injerte y nutra en sus planes de estudio temas torales de Derechos Humanos, de suerte que la educación llegue a la raíz, a los niños para que éstos a la par de conocer que tienen obligaciones y responsabilidades, lo que es esencial, también tienen algunos derechos, los cuales son correlativos. Se debe buscar la solidaridad de todos los educadores para no solo difundir los derechos, sino hacerlos un modo de vida.

Esto es toral, no se reclama lo que no se conoce, lo que no se sabe que nos pertenece. Ni se cumple con las obligaciones respectivas. Entonces la tarea es difícil y prolongada, más aún cuando hay sectores reacios a la educación; ahí habría que aprovechar a los medios de comunicación, para que sean formadores, a las redes sociales, para sensibilizar debidamente a los recipiendarios de los Derechos Humanos para conocer éstos y para denunciar las violaciones encauzadamente y buscando efectividad, ya que todos somos víctimas de las violaciones a los Derechos Humanos. “(…) La existencia de leyes y normas no es suficiente a largo plazo para limitar los malos comportamientos, aun cuando exista un control efectivo. Para que la norma jurídica produzca efectos importantes y duraderos, es necesario que la mayor parte de los miembros de la sociedad la haya aceptado a partir de motivaciones adecuadas, y que reaccione desde una transformación personal.” [50]

“La vida humana es como una escultura siempre inacabada. Todos la vamos cincelando cada día. Hay que ir esculpiéndola como la obra de arte que es”, dijo emocionado Don Jorge Carpizo, ciertamente hay que esculpirla con nuestra conducta diaria y con la defensa de los Derechos Humanos.

A MANERA DE CONCLUSION:

“Aunque a partir del 2005 la SCJN mostró una cada vez mayor sensibilidad por los casos de derechos humanos, reformó su andamiaje procedimental para hacerlo más transparente y cercano a los ciudadanos, y se preocupó por construir un perfil institucional comprometido con los derechos humanos, a nivel estrictamente jurisdiccional el avance era lento y el amparo continuaba frenando los pasos hacia una mayor constitucionalización efectiva.” Esto opina certeramente, Francisca Pou Giménez [51]

Y en la misma línea crítica pareciera que no hemos avanzado en el gigantesco conocimiento, en la concientización y en la debida comprensión de los Derechos Humanos, a los que se refiere a veces, sin más, lo que implica que la educación en ellos, sigue fallando.

La Suprema Corte con el motivo de la primera década, acaba de emitir un libro que indica que la Reforma Constitucional de Derechos Humanos, es una década transformadora. Hoy la misma Corte de Justicia enfrenta muchos pendientes, [52] hay demasiados temas que a todos nos interesan: hay crisis ambiental, hay demasiados desaparecidos, hay falta de atención íntegra a la salud y sobre todo se sigue olvidando los olvidos legislativos del Congreso Federal, de hace nueve años, ¡como si no fuera importante la reparación de las violaciones a los Derechos Humanos!

Necesitamos despertar, aprender, iluminarnos con el conocimiento, exigir más; necesitamos como escribiera el jurista Diego Valadez, a la Corte de Justicia más que nunca; necesitamos en el camino de las libertades, ir cuesta arriba siempre y sin freno, no hacia atrás.

“El futuro tiene muchos nombres.

Para los débiles es lo inalcanzable.

Para los temerosos, lo desconocido.

Para los valientes es la oportunidad.”

Víctor Hugo.

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ROJAS CABALLERO, Ariel Alberto, Los Derechos Humanos en México, Porrúa.

 

[1] Dedico este esfuerzo a mi admirado amigo y benefactor Dr. Jorge Carpizo; a mis admirados amigos y maestros Dr. Héctor Fix Zamudio y Dr. Sergio García Ramírez, por sus invaluables e inperecederas aportaciones a los Derechos Humanos del mundo. A mi admirado Dr. Germán Eduardo Baltazar Robles, por sus aportaciones enormes al Derecho Mexicano. Al Dr. Ariel Alberto Rojas Caballero, por muchas razones jurídicas.

 

[2] Correo electrónico: guerraaguilerajosecarlos@gmail  o cggto@prodigy.net.mx

 

[3]  Vladimir Chorny, Una amenaza y otra defensa a los derechos humanos, 10 de enero de 2013, Animal Político, consultado el 22 de mayo de 2021 en https://www.animalpolitico.com/blog-invitado/una-amenaza-y-otra-defensa-a-los-derechos-humanos/

 

[4] Frase atribuida a David Ben-Gurrion y citada por Esqueda Méndez, Vicente, https://www.milenio.com/opinion/vicente-esqueda-mendez/linea-independiente/nuevos-integrantes-de-la-autoridad-electoral

 

[5] Algunas ideas siguientes fueron expuestas en una PONENCIA EN EL IX CONGRESO NACIONAL DE AMPARO, en MERIDA, YUCATAN, denominada LOS DERECHOS HUMANOS, LA (NUEVA) LEY DE AMPARO Y LA INTERNET, en noviembre de 2011.

 

[6] Tomo la expresión parafraseando el título del libro del gran jurista español Eduardo García Enterría, La lucha contra las inmunidades del poder, Cuadernos Cívitas, Editorial Cívitas, España, 2016.

 

[7] La Convención Americana sobre Derechos Humanos fue adoptada en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969 y aprobada por el Senado Mexicano el 18 de diciembre de 1980, lo que implica su vigencia desde hace cerca de 52 años.

 

[8] Se insiste en resaltar, por su importancia interpretativa: En el estado de Sinaloa establece la preferencia a los criterios de los organismos internacionales de protección de los derechos humanos reconocidos por el Estado mexicano, y especialmente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

 

[9] Confrontar el ensayo denominado “Entidades Federativas y Derechos Humanos”, Numero 19, Julio Diciembre del año 2008, UNAM.

[10] Se incluye en forma insólita, como vinculante a la CONVENCION SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO, (CDN, en inglés CRC) publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 25 de enero de 1991. Esa ley fue tímidamente referida y argumentada por el Poder Judicial de la Federación y algunos operadores jurídicos del país, hasta que tuvo su asunción del inmenso artículo 1 de la Carta Magna y por ende de los Derechos Humanos reconocidos en la Constitución.

 

[11]  Periódico Oficial Del Estado, número 309, del 27 de junio de 2011.

[12] Consultar de Juárez Pérez José de Jesús, “Fuentes de inspiración de la Procuraduría de Pobres y detalles biográficos del autor”, Cuadernos del Archivo, 7, San Luis Potosí, 2003, página 52. Y de Márquez Enrique, “Ponciano Arriaga. Las Procuradurías de Pobres, UASLP. Escuela de Derecho, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1983. Así como en la colección de libros: Derechos del Pueblo Mexicano, México a través de sus constituciones, sección Segunda, el ensayo Establecimiento de las Procuradurías de Pobres Intervención del legislador Ponciano Arriaga en el Congreso de San Luis Potosí. México, 2016. Página 176 y siguientes. Consultable también en http://biblioteca.diputados.gob.mx/janium/bv/lxiii/DerPM/VOL2.pdf

 

[13] Por todo eso extraña sobremanera que la ilegal encargada de la Comisión, (que no es Procuraduría) de Derechos Humanos pretenda que se modifique la Constitución Federal para llamar a la CNDH “Procuraduría de los Pobres” a semejanza de la creada por Ponciano Arriaga , la que supuestamente “(…) buscará defender a las clases sociales más vulnerables ante los abusos, excesos, agravios, vejaciones y maltratos cometidos por alguna autoridad, además de contar con facultades para denunciar y solicitar la reparación del daño (…)”  Ver: https://www.proceso.com.mx/nacional/2020/6/7/rosario-piedra-busca-que-las-recomendaciones-de-la-cndh-sean-vinculantes-244152.html

 

[14] Consultar: http://www.observatorio.iinso.uanl.mx/index.php/diagnostico/diagnostico-04/diagnostico-0404

 

[15] Ver: http://guerrero.gob.mx/articulos/historial-ley-que-crea-la-procuraduria-social-de-la-montana/

 

[16] Se indicó por la prensa que la actual titular de la CNDH, adujo que su lucha es lograr que las recomendaciones tengan carácter vinculante, que las autoridades las acaten; ¡que reparen el daño por sus actos, y desea tener mayor incidencia en las políticas públicas. Si se muda o cambia el nombre, implicaría una discriminación: ¿dónde quedarían las Procuradurías de los que no son pobres? ¿Acaso se crearía después una Procuraduría de los de clase media y de los ricos, que también tienen derechos humanos? ¿Cómo puede una Procuraduría cuyo nombre es limitado: ¿procurar, ordenar, vincular, sancionar, con sus decisiones? Las decisiones serian cuasi sentencias y ello implicaría un cuarto poder. Gravísimo.

 

[17] En este sentido se expresa José Ovalle Favela, en el libro Las Voces del Consejo, Reflexiones y Remeranzas de los Consejeros de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Porrúa, 2001, página 93.

 

[18] “TRANSITORIOS

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La ley a que se refiere el tercer párrafo del artículo 1o. constitucional sobre reparación deberá ser expedida en un plazo máximo de un año contado a partir de la entrada en vigor del presente decreto.

Tercero. La ley a que se refiere el artículo 11 constitucional sobre el asilo, deberá ser expedida en un plazo máximo de un año, contado a partir del inicio de la vigencia de este decreto.

Cuarto. El Congreso de la Unión expedirá la Ley Reglamentaria del artículo 29 constitucional en materia de suspensión del ejercicio de los derechos y las garantías, en un plazo máximo de un año, contado a partir del inicio de la vigencia de este decreto.

Quinto. El Congreso de la Unión expedirá la Ley Reglamentaria del artículo 33 constitucional, en materia de expulsión de extranjeros en un plazo máximo de un año contado a partir del inicio de la vigencia de este decreto. En tanto se expida la ley referida, este artículo se seguirá aplicando en los términos del texto vigente. (…)”

 

[19] Siempre me llamó la atención el título y el contenido del libro “La inmensidad del artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Mexicanos”, de Pacheco Pulido, Guillermo, Editorial Porrúa, 2013.

 

[20] Denominación del Capítulo reformada según el Diario Oficial de la Federación del 10 de junio de 2011.

 

[21] Para los efectos de este ensayo es muy importante destacar la frase subrayada en negrita: “(…) los derechos humanos reconocidos en esta Constitución.”

 

[22] Capitant Henri, Depalma, Buenos Aires, 1981, página 426.

 

[23] Nicola Abbagnano, Diccionario de Filosofía. Fondo de Cultura Económica, Quinta reimpresión, México, 1987, página 909.

 

[24] https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/2/923/6.pdf

 

[25] De la corriente interpretativa anterior, considero paralelamente el razonamiento jurídico de Germán Eduardo Baltazar Robles, en su bellísimo libro Derechos humanos, Derechos Fundamentales, Juicio de Amparo y Reparación Integral, editorial COEDI, de donde tomo y me adhiero a la idea principal conforme a la definición legal de la Convención, persona es el ser humano.

 

[26] Ver de su autoría “Los Derechos Humanos de las personas Morales”, Comisión Estatal de Derechos Humanos. Jalisco. sin fecha de edición, páginas 11, 1217 y 21

 

[27] ¿Consultar ensayo “¿Son las empresas titulares de derechos humanos?”  en el libro Personas jurídicas y Derechos Humanos. Un debate sobre la titularidad de los Derechos Humanos, edición de la SCJN y la oficina del Alto comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, 2014, México.

 

[28] Ver https://www.corteidh.or.cr/CF/jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=272

[29] Ver https://www.corteidh.or.cr/cf/Jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=235

 

[30] Ver Teoría Constitucional, México, Porrúa, 2002, páginas 16 y 17.

 

[31] Obra y página citadas en la nota a pie de página anterior.

 

[32] Una definición de la Real Academia seria: Tener y poseer algo útil y agradable. Tener gusto, complacencia y alegría de algo.

 

[33] Esta Ley es demasiado importante, muchos suponen que es de rango penal. Es una Ley que tiene que ver muchísimo con los Derechos Humanos.

[34] Aquí está el “núcleo duro” de los Derechos Humanos, es decir no deben ser modificados jamás los mismos, incluso atendiendo al principio de progresividad. Ver la excelente obra de Rojas Caballero Ariel Alberto, Los Derechos Humanos en México, Porrúa, página 90.

 

[35] La palabra “vida” se quitó, el 9 de diciembre de 2005, al artículo 14 de la Constitución. Es posible que fuimos de las pocas Constituciones que no protegió a la vida. Con fortuna existió el artículo 133 y los Tratados Internacionales que nos cobijaron, casi 10 años después volvió a tener vigencia la palabra vida en el segundo párrafo del artículo 29. Consultar el ensayo La protección jurídica de la vida en México y en el Mundo, El Colegio Nacional, México, 2011, páginas 221 a 257.

[36] Una de las primeras tesis que emergieron identificando al nombre como derecho humano, es la siguiente: Décima Época. – Registro digital: 2000213.- Primera Sala. – Tesis Aislada. – Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. – Libro V, febrero de 2012, Tomo 1.- Constitucional. – Tesis: 1a. XXV/2012 (10a.). – Página: 653.- DERECHO HUMANO AL NOMBRE. SU SENTIDO Y ALCANCE A PARTIR DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y A LA LUZ DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES.- Conforme a las obligaciones establecidas en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el numeral 29 del mismo ordenamiento, se advierte que el sentido y alcance del derecho humano al nombre, a partir de su propio contenido y a la luz de los compromisos internacionales contraídos por el Estado Mexicano en la materia, son el conjunto de signos que constituyen un elemento básico e indispensable de la identidad de cada persona sin el cual no puede ser reconocida por la sociedad; este derecho está integrado por el nombre propio y los apellidos; lo rige el principio de autonomía de la voluntad, pues debe elegirse libremente por la persona misma, los padres o tutores, según sea el momento del registro; y, por tanto, no puede existir algún tipo de restricción ilegal o ilegítima al derecho ni interferencia en la decisión; sin embargo, puede ser objeto de reglamentación estatal, siempre que ésta no lo prive de su contenido esencial; incluye dos dimensiones, la primera, relativa a tener un nombre y, la segunda, concerniente al ejercicio de modificar el dado originalmente por los padres al momento del registro, por lo que, una vez registrada la persona, debe garantizarse la posibilidad de preservar o modificar el nombre y apellido; y, es un derecho no suspendible, incluso en tiempos de excepción. Así, la regulación para el ejercicio del derecho al nombre es constitucional y convencionalmente válida siempre que esté en ley bajo condiciones dignas y justas, y no para establecer límites que en su aplicación equivalgan en la realidad a cancelar su contenido esencial.- Amparo directo en revisión 2424/2011. Ma. Guadalupe Ruiz Dena. 18 de enero de 2012. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Teresita del Niño Jesús Lucía Segovia.

[37] Consultar su bellísimo libro Derechos humanos, Derechos Fundamentales, Juicio de Amparo y Reparación Integral, editorial COEDI, página 28 y 29.

 

[38] Tema importante es subrayan la letra “y” en función copulativa. Lo que ha creado un torrente de tesis sobre la Constitución y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos.

 

[39] Consultar el libro El Control de la Convencionalidad y las Cortes Nacionales, Porrúa, 2013, página 200.

 

[40] http://www.derechoshumanos.net/derechos/index.htm

 

[41] Es notable el libro La interpretación conforme. El modelo constitucional ante los Tratados Internaciones sobre derechos Humanos y el control de la convencionalidad, de José Luis Caballero Ochoa, número 90 del Instituto Mexicano de Derecho Procesal Constitucional, Porrúa, 2013.

[42] Es muy importante resaltar que el libro fue impreso en junio de 2010, en la editorial UBIJUS, pagina 10. Existe el mismo libro con el título control convencional de los Derechos Humanos, en los Tribunales Mexicanos, Cuaderno de Divulgación de Justicia Electoral número 3, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, México, 2015.

[43] Consultar de MANCILLA CASTRO, Roberto Gustavo. El principio de progresividad en el ordenamiento constitucional mexicano. Revista Cuestiones Constitucionales, 2015, número 33, páginas 81-103.

O bien en https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/cuestiones-constitucionales/article/view/6098

 

[44] La autonomía universitaria ante la reforma educativa Comentarios a la reforma constitucional de 2019 en materia de educación superior, Primera edición, 2019, página 21

[45] De Vásquez Luis Daniel y Serrano Sandra. https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/7/3033/7.pdf

 

[46] Ver Ponencia de mi autoría: “DE LA SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA INTEGRAL CONFORME A LOS DERECHOS HUMANOS Y LA DESCONECTADA REFORMA LABORAL. EN LA MEMORIA DE LOS 100 AÑOS DEL NACIMIENTO DEDON IGNACIO BURGOA ORIHUELA. CUARTO SEMINARIO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS Y AMPARO”. Morelia, Michoacán, junio de 2017.

 

 

[47] Las imágenes del Portal que se imprime, no es vigente.

[48] Editado por editorial Porrúa y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa, impreso el 22 de octubre de 2010.

 

[49] http://www.derechoshumanos.net/derechos/index.htm

 

[50] Jorge Bergoglio, en su Carta Encíclica Laudatus est, del 24 de mayo de 2015.

[51] Ver ensayo El nuevo amparo mexicano y la protección de los derechos: ¿ni tan nuevo ni tan protector? En el Anuario de Derechos Humanos, número 10, 2014 páginas 91 a 103.

 

[52] Y con ello hago paráfrasis del elocuente libro digital, en edición Kindle, denominado: Los pendientes de la Suprema Corte, de María Amparo Casar y otros, ediciones Cal y Arena.

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