DEL ACTIVISMO Y EL EXCESO DE GARANTISMO DE LA PRIMERA SALA DE LA SCJN

JOSE CARLOS GUERRA AGUILERA

1.- La Constitución indica que la jurisprudencia es la interpretación de la Ley. “La ley fijará los términos en que sea obligatoria la jurisprudencia que establezcan los Tribunales del Poder Judicial de la Federación sobre la interpretación de la Constitución y normas generales, así como los requisitos para su interrupción. (…)”

2.- La Jurisprudencia indica que debe ser la interpretación correcta de la ley.

3.- Hace años en el año de 1965 apareció la jurisprudencia número 93 de la Sala Civil de Suprema Corte de Justicia de la Nación, que bajo el rubro de “ARRENDAMIENTO, TACITA RECONDUCCION DEL CONTRATO DE”, estableció erróneamente:

“Sexta Época

Instancia: Tercera Sala

Fuente: Apéndice de 1995

Tomo: Tomo IV, Parte SCJN

Tesis: 122

Página: 81

ARRENDAMIENTO, TACITA RECONDUCCION DEL CONTRATO DE. Los requisitos esenciales para que opere la tácita reconducción, según los artículos 2486 y 2487 del Código Civil para el Distrito Federal, son: La continuación del inquilino en el uso y disfrute de la cosa arrendada, después del vencimiento del contrato, y la falta de oposición del arrendador. La ley no determina el tiempo que debe transcurrir sin oposición para estimar reconducida la reconvención, por lo que la Suprema Corte ha considerado prudente fijar el plazo mínimo de diez días, contados a partir del siguiente al de vencimiento del contrato.

Sexta Época:

Amparo directo 2603/58. Joyería La Palma, S. de R. L. 11 de junio de 1959. Unanimidad de cuatro votos.

Amparo directo 6033/58. Manuel Guerrero. 5 de agosto de 1959. Cinco votos.

Amparo directo 926/59. Justo Hernández Orozco. 9 de mayo de 1960. Cinco votos.

Amparo directo 7539/59. Waldo Soberón. 14 de julio de 1960. Cinco votos.

Amparo directo 4276/59. David de J. Jiménez. 17 de octubre de 1960. Unanimidad de cuatro votos”.

3.1.- Esta jurisprudencia refiere lo que es asombroso, “En la ley no se determina el tiempo que debe transcurrir sin oposición para estimar reconducida la convención, por lo que la Suprema Corte de Justicia ha considerado prudente fijar el plazo mínimo de diez días”, ¿Quién le dio la facultad a la Suprema Corte para establecer diez días, una hora, veinte días, lo que sea?, cuando ella misma advierte que existe un vacío, una laguna, un yerro. Estamos en presencia evidentemente de una jurisprudencia que como tal lo será formalmente, pero que desborda el contenido de la ley. Este es un ejemplo indudable de lo que no debería de ser la jurisprudencia.

4.- Hay una tesis que legisla como esta:

CERTIFICADOS MÉDICOS EXHIBIDOS ANTE LAS JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE PARA LOS EFECTOS SEÑALADOS EN EL ARTÍCULO 785 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. PARA SU VALIDEZ DEBEN CUMPLIR CON LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LA LEY GENERAL DE SALUD, ENTRE ELLOS, EL DEL NOMBRE COMPLETO DE LA INSTITUCIÓN QUE EXPIDE EL TÍTULO, NO SÓLO SUS SIGLAS.- Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, adoptó el criterio publicado en el Tomo II, noviembre de 1995, página 157, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta (tesis: 2a./J. 74/95), con el rubro: «CERTIFICADOS MÉDICOS EXHIBIDOS ANTE LAS JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE PARA LOS EFECTOS SEÑALADOS EN EL ARTÍCULO 785 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. PARA SU VALIDEZ DEBEN CUMPLIR CON LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LA LEY GENERAL DE SALUD.», donde se estableció que dichos certificados deben contener los siguientes requisitos: «a) el nombre de la institución que expidió al médico su título profesional, y b) el número de su cédula profesional; además, por razón inexcusable de certidumbre, dada la finalidad que persigue este documento, debe indicarse el nombre del médico que lo suscribe, la fecha de expedición del certificado y la manifestación que revele la existencia de un estado patológico que afecte a la persona examinada, del cual pueda deducirse la imposibilidad física de comparecencia.», por lo que si en vez del nombre completo de la institución que expide el título al galeno, sólo aparecen las siglas de ésta, con ello no se satisface la formalidad prevista en la Ley General de Salud.
Tesis de jurisprudencia 76/2001. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del siete de diciembre de dos mil uno.

4.1. – La ley General de Salud no indica que deba existir el “nombre completo” de la institución que expida un título. Es más, la ley citada jamás indica la expresión “nombre completo” en ninguno de sus artículos.

5.- Lo que antes era el imperio de la Ley, se ha visto mermado con algún activismo jurisdiccional. El problema lo apuntó el anterior Ministro de la SCJN, Juan N. Silva en el prólogo del libro Interpretación Conforme, al indicar: “(…) quiero destacar que el autor apunto que la reforma constitucional se puede enfrentar fundamentalmente a tres riegos: (…) un desbocado activismo judicial (…)[1]. De la misma manera José Luis Caballero lo indica en el mismo libro, al denunciar: “(..) los “riesgos” que conlleva: (…) un desbocado activismo judicial (…)[2] y el señalamiento más grave estaría formulado desde 2009, por el actual Director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, Pedro Salazar Ugarte, en su estupendo libro “Garantismo Espurio”, en donde se denuncia: “(…) los jueces constitucionales asumen activamente el rol de custodios últimos de la Constitución. Y lo hacen en un contexto normativo e institucional que arroja resultado de pronóstico reservado”.[3] Salazar considera que habría un poder “simplemente insoportable” (sic) de los tribunales y que dar a los jueces el control de la constitucionalidad, los “convertirían a los jueces latinoamericanos en un poder político relevante”; precisamente sería un garantismo espurio, esa dura la definición conceptual, que da Pedro Salazar Ugarte, a ciertas sentencias del Tribunal Electoral Federal Mexicano.

6.- Para mi asombro me encontré, por la inducción certera de la exmagistrada del Tribunal Superior de Campeche, Guadalupe Eugenia Quijano Villanueva, con la peligrosa e inconsistente tesis jurisprudencial, con registros digitales números del disco óptico de Sistematización de Tesis y Ejecutorias de la SCJN: 1013910 y 179681, con el rubro: ALIMENTOS. OBLIGACIÓN DEL JUZGADOR DE PROVEER DE OFICIO RESPECTO DE ELLOS, AL DICTAR SENTENCIA EN CUALQUIER INSTANCIA, AUN CUANDO NO SE HUBIESEN SOLICITADO EN VÍA DE EXCEPCIÓN O RECONVENCIÓN. Verificada cinco veces por el Magistrado Civil del Sexto Tribunal Colegiado del Primer Circuito Gustavo R. Parrao Rodríguez. En la cual, los cinco casos no son de igual tema. Además de que no interpreta ningún artículo sino legisla.

7.- Y ayer apareció una tesis de la Primera Sala de la SCJN que indico: EN CASO DE DIVORCIO PROCEDE a PAGO DE UNA COMPENSACIÓN ECONÓMICA AL CÓNYUGE QUE SE DEDICÓ PREPONDERANTEMENTE AL HOGAR, AÚN CUANDO UNA LEGISLACIO0N NO LO PROVEA EXPRESAMENTE: Lo anterior derivado de un juicio de amparo directo en el que una mujer planteó inconstitucionalidad del artículo 162 del Código Civil para el Estado de Veracruz, vigente hasta el diez de junio de dos mil veinte. Esto es grave porque la Corte sigue legislando, sin que sea su función.

[1] Editorial Porrúa, Instituto Mexicano de Derecho Procesal Constitucional, número 90, segunda reimpresión, 2003, México, página XXIII.

[2] Misma obra citada en la nota anterior, ppágina 233.

[3] Confrontar Garantismo Espurio, número 8, Fundación Coloquio Jurídico Europeo, 2009, Madrid.

11 de noviembre de 2021.

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