DE UN ACUERDO DESCONCERTANTE

José Carlos Guerra Aguilera

1.- De repente apareció en el famoso Watts App, un video de la famosa “Fernanda”, en el que entrevistaba a un abogado sobre la injerencia del consentido Ejército en la vida pública.

2.- Me propuse encontrar el tema que trataban y encontré que en efecto en el Diario Oficial de la Federación el 23 de octubre del año pasado, aparece el “ACUERDO por el que se asignan a la Dirección General de Seguridad Procesal de la Unidad de Órganos Especializados por Competencia de la Guardia Nacional, las funciones de Autoridad de Supervisión de Medidas Cautelares y de la Suspensión Condicional del Proceso.”

3.- Casi al mismo tiempo llego a mi lectura un libro estupendo, digital que solo se debe leer con el no tan famoso Kindle denominado “Los pendientes de la Suprema Corte”, que he empezado a leer.

4.- De entrada, el prólogo de Aguilar Camín me atrapó: “Un país en vilo constitucional”. Refiere y con toda la razón que el país, tiene ahora un Gobierno sujeto a revisión constitucional, ante el cúmulo de acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales y amparos dado que las nuevas leyes, y agrego los nuevos acuerdos, han sido cuestionados ante la Suprema Corte. Ya en la revista Nexos de agosto de 2020, se había referido ello.

5.- De esa fuerte, la aparición del acuerdo referido, emitido por el COMISARIO GENERAL LUIS RODRÍGUEZ BUCIO, comandante de la Guardia Nacional, quien es licenciado en administración militar, con maestría en administración militar, resulta extraña.

6.- En el Código Nacional de Procedimientos Penales aparece un capítulo denominado: De la Autoridad de supervisión de medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso; y el artículo 176 indica:

 “Naturaleza y objeto.

La Autoridad de supervisión de medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso, tendrá por objeto realizar la evaluación de riesgo del imputado, así como llevar a cabo el seguimiento de las medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso, en caso de que no sea una institución de seguridad pública se podrá auxiliar de la instancia policial correspondiente para el desarrollo de sus funciones.

Esta autoridad deberá proporcionar a las partes información sobre la evaluación de riesgos que representa el imputado y el seguimiento de las medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso que le soliciten.”

7.- De esa suerte, el ACUERDO se pretende justificar indicando:

“Que el artículo 176 del Código Nacional de Procedimientos Penales implica que la autoridad de supervisión de medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso, se encuentre en una institución de seguridad pública o se auxilie de una instancia policial para el desarrollo de sus funciones;”

(…)

“Se designa a la dirección General de Seguridad Procesal de la Unidad de Órganos Especializados por competencia de la Guardia Nacional, como Autoridad de Supervisión de Medidas Cautelares y de la Suspensión Condicional del Proceso, la cual tendrá por objeto proporcionar a las partes información sobre la evaluación de riesgos que representa el imputado y el seguimiento de las medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso, en términos del artículo 176 del Código Nacional de Procedimientos Penales.”

8.- Escrito de otra manera, el General se autodesigna en un acuerdo, mismo que su connotación debe ser una decisión tomada en común por varias personas, y aquí él solo se da facultades para evaluación riesgos que representa el imputado de un delito y dará seguimiento de las medidas cautelares y la suspensión condicional del proceso.

9.- El señor General acordó, frente a un espejo, que la Guardia Nacional tenga también la tarea de evaluar a los imputados de un delito.

10.- Ignoro si hubo amparos y que sea este otro de los pendientes del Poder Judicial Federal, ante la lluvia de deformas y reformas.

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