DE LA CORTE QUE INVALIDA PARTE DE LA LEY NACIONAL DE EXTINCIÓN DE DOMINIO

JOSE CARLOS GUERRA AGUILERA

“Las malas leyes hallaran siempre 

y contribuirán a formar, hombres peores

que ellas, encargados de ejecutarlas.”

Concepción Arenal

1.- Lo debieron haber hecho los legisladores invalidar parte de la ley nacional de extinción de dominio, no la Corte. Ellos debieron haber impedido que se votara en favor esa inconstitucional Ley. Por eso es importante que el Poder Legislativo sea independiente.

2.- El pleno de ministros invalidó el artículo 228, inciso a), donde se indicaba la posibilidad de establecer la venta anticipada de los bienes sujetos al proceso de extinción de dominio. De esa suerte el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, que así se llama, no podrá efectuar la subasta de bienes hasta que concurra una declaratoria de abandono del bien, en favor de la Federación.

También se invalido el artículo 7, fracción IV, la cual permitía el ejercicio de la acción de extinción de dominio respecto de bienes de procedencia lícita, pues consideró que es violatorio del artículo 22 de la Constitución General.

Quedó anulado el artículo 7, fracción V, en la porción normativa que instituía que la acción procedería respecto de bienes utilizados para la comisión de hechos ilícitos por un tercero, “si su dueño tuvo conocimiento de ello y no lo notificó a la autoridad por cualquier medio o tampoco hizo algo para impedirlo”.

También se invalidó el artículo 15, primer párrafo, en la porción que decía “y destino”, así como las fracciones V y VI, los cuales establecían una presunción de buena fe respecto del destino de los bienes, pues reflexionó que los mismos pretendían tomar como base para la procedencia de la acción, el destino de los bienes y no su procedencia ilegal, como lo exige el artículo 22 de la Constitución.

Se anuló el artículo 11, primer párrafo, en la porción normativa que establecía que “la acción de extinción de dominio es imprescriptible en el caso de bienes que sean de origen ilícito”, pues advirtió que del análisis del proceso legislativo se desprende que no fue voluntad del constituyente permitir que esta acción fuera imprescriptible, por lo que tal aspecto no podía quedar al capricho del legislador ordinario.

Quedó invalidado el artículo 173, segundo párrafo, en la porción que establecía: “en caso de urgencia u otra necesidad debidamente fundamentada, el Ministerio Público podrá adoptar tales medidas, debiendo someterlas a control judicial posterior tan pronto sea posible”, la cual permitía al Ministerio Público asignar la medida cautelar de aseguramiento de bienes sin el debido control judicial previo.

El Pleno consideró que dicha facultad resultaba violatoria del derecho a la tutela jurisdiccional, además que no superaba un examen de proporcionalidad, pues el legislador pudo optar por medidas menos lesivas para garantizar la efectividad de la acción sin necesidad de prescindir de un control judicial previo.

Quedo sin efecto el artículo 190, en la porción normativa que establecía: “en los casos en los cuales no se pueda recabar la autorización respectiva, por razón de la hora, del día, de la distancia o del peligro en la demora, se deberá informar y justificar dentro de los cinco días siguientes, ante el órgano jurisdiccional”.

3.- Es curioso, y hay que rescatarlo que la CNDH promovió esto, bueno no solo ella. Lo cierto es que el Poder Legislativo quedo como abusivo y desconocedor de la Carta Magna, y por formula, se anuló parte de esa Ley. Malas leyes, que no merece la sociedad a la que pertenecemos y que aprueban los que dicen representarnos.

20 de junio de 2021.

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